Por su parte, las empresas involucradas se defienden de estas acusaciones manteniendo que los impactos ambientales serán mínimos. Este enfrentamiento entre poblaciones locales y compañías mineras, tiene detenida una inversión de 100 millones de dólares y la creación de 700 empleos directos para una de las comunidades más desprotegidas del altiplano potosino. La realidad es que hoy, a las personas que viven en Real de Catorce no les queda más alternativa para asegurar su sustento que emigrar a San Luis Potosí capital o a Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’.
A pesar de los conflictos sociales y ambientales derivados de la actividad minera, es importante recordar el destacado papel que ha jugado esta industria a lo largo de la historia. La minería ha sido una industria clave para el desarrollo tecnológico. Ha permitido y acelerado el desarrollo económico y social desde la revolución industrial. Ya en nuestros días, tanto las súper máquinas de computación necesarias para la investigación tecnológica como la telefonía móvil, son posibles gracias a la industria minera. Incluso, Steve Jobs nunca hubiera podido imaginar su iPhone o su iPad sin el tantalio extraído de la tierra.
Por tanto, la industria ha contribuido y contribuye a la generación de riqueza a través, entre otros, de impuestos o inversión en infraestructuras que, con un marco regulatorio adecuado, debe llegar a las comunidades mineras. Además, un sector minero competitivo representa un activo estratégico para cualquier país, cuente o no con el privilegio de disponer de estos recursos. La expansión de compañías chinas en África y América Latina para asegurar el abastecimiento de minerales es buena prueba de ello.
Recientemente, tuvo lugar el III Mexico International Mining Summit, organizado por BNamericas donde se plantearon los retos más importantes de la industria en México. En este encuentro caracterizado por el ambiente de diálogo, se intentó arrojar luz sobre cómo hacer frente a estos retos para convertir a México en un líder en el sector minero a medio y largo plazo. Entre los retos más importantes a los que se enfrenta la industria destacan dos íntimamente relacionados con la sustentabilidad.
El primero de ellos es la mala reputación de la industria minera en la sociedad. Según el Doctor Chávez, Vicepresidente de AuricoGold, “el sector necesita comunicar más y mejor los impactos positivos que tiene en las comunidades donde opera y ser más transparente sobre cómo gestiona los impactos negativos”. Mientras que el Director General de FLSmidth México, Richardt E.Fangel, y presidente del clúster minero de Zacatecas destacó el impacto socio-económico positivo que tiene dicho clúster tanto en términos de inversión como de generación de empleo, “cerca del 30 por ciento de los empleos de Zacatecas y alrededor del 25 por ciento del PIB es generado directa o indirectamente por la actividad del clúster”.
Mientras que Rafael Dayarnani, Director de Petróleo & Gas y Energía en Atabay Consulting, esta “mala reputación disminuye, además, la capacidad del sector para atraer y retener el talento necesario para asegurar la máxima productividad y eficiencia de las empresas mineras”. El segundo reto, son los riesgos sociales que tienen que hacer frente las operaciones.
Ya hemos visto el caso de Wirikuta, claro ejemplo del necesario empoderamiento de las comunidades locales en este tipo de proyectos, y es que a nadie se le olvida el caso de Buenavista de Cobre, por mencionar sólo un ejemplo reciente en que los habitantes de las comunidades vecinas a una explotación minera se vieron perjudicados. Las compañías extractivas, más allá de la licencia legal que se les otorga, necesitan disponer de una licencia social, esto es, la aprobación de la comunidad para realizar las actividades.
Esta licencia social no se consigue con una actitud paternalista, adoptando el clásico enfoque filantrópico con las comunidades, sino con la identificación de sus necesidades y expectativas a través de un diálogo bidireccional, abierto, transparente y comprometido que permita el desarrollo de planes de creación de valor compartido tanto para la comunidad como para la empresa.
Ante estos, y otros muchos retos a los que hace frente el sector, los principales grupos de interés involucrados: Gobierno, empresas y comunidades, deben colaborar para conseguir una industria minera sustentable, inclusiva y transparente, que sea un motor de competitividad para México y que beneficie a las comunidades que se ven afectadas por su actividad.
