En la última sesión del Foro Regional, participaron representantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Protection International Mesoamérica de Guatemala, Asuntos Corporativos Colbún de Chile, Comunidad de Barranquilla de San Javier de Ecuador, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humano y Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes en voz de los representantes de los diferentes sectores dieron sus conclusiones desde de sus propios enfoques marcado por el avance de normativas sobre debida diligencia en empresas y derechos humanos de la región.
Juan Carlos Monge, Representante Adjunto de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un preámbulo a las conclusiones de los representantes, donde destacó el diálogo respetuoso y la retroalimentación que surgieron durante este espacio de dialogo. “Compartir información ha sido la clave para un insumo importante, para que la región avance y hacer desarrollo inclusivo sostenible, competitivo; donde los Derechos Humanos estén por delante de las políticas, de la actividad empresarial y el diálogo entre las diferentes partes de la sociedad, las empresas y el Estado”, sostuvo.
A pesar de que surgieron algunas diferencias durante el desarrollo de las discusiones, agradeció a cada uno de los invitados por mantener la ecuanimidad y la conversación alturada como bandera para mantener el espacio multiactor con respeto.
Asimismo, dio lectura a la hoja de ruta regional planteados desde su organización, enfatizando en que se mantendrán sobre esa línea; además, como el rol de los estados en el fortalecimiento de la rendición de cuentas en la región y mayor coherencia en las políticas de los Estados como ejes de discusión durante estos tres días de foro.
Del Estado: La debida diligencia debe ir más allá de un respeto de los derechos civiles y políticos.
La primera conclusión estuvo a cargo de Luis Andrés Fajardo Arturo, Vicedefensor de la Defensoría del Pueblo de Colombia, quien resaltó que “Somos una vía de acceso a los mecanismos, una forma de promulgación, difusión y pedagogía sobre mecanismos existentes y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo de Colombia en el que la defensoría pública y los abogados públicos hacen parte de nuestra institución, podemos prestar el apoyo judicial para el acceso a las vías judiciales”, expresó.
En esa misma línea, manifestó que son una institución eficiente y puente de mediación en la labor de reparación de los hechos en los que hayan participado actores como las empresas, asumiendo, incluso, labores pedagógicas y preventivas muy potentes, y que con la debida diligencia de las empresas a favor de proteger y respetar los derechos humanos pueden ser una vía regular para la denuncia colectiva, promover el acercamiento y la confianza de las comunidades más alejadas y vulnerables de la región.
Sostuvo, que es necesario una participación activa en aquellos territorios donde la producción y comercialización de los productos que generan las comunidades alejadas son evidentemente importantes: “Creemos que la debida diligencia debe ir más allá de un respeto de los derechos civiles y políticos, tiene que haber una promoción efectiva y una importante contribución”, recalcó.
Sector privado: La invitación a la región es a trabajar juntos.
Desde el sector privado, Juan Pablo Schaeffer, Gerente de Asuntos Corporativos de Colbún (Chile), manifestó que las reuniones han permitido una invitación al diálogo horizontal, que hay un compromiso con la agenda de derechos humanos y empresas por parte del sector privado muy importante y que hasta el momento no son suficientes los esfuerzos que se vienen dando en materia de debida diligencia, “obviamente tenemos que avanzar, hay empresas que están debidamente avanzadas, pero hay otras que no y de alguna manera tenemos que acompañarnos para ir juntos. Este es un proceso y estamos muy lejos, y por eso con bastante humildad les decimos que estamos disponibles para seguir trabajando cómo podemos implementar la debida diligencia hacia los cargos de la transparencia y la rendición de cuentas”, manifestó.
Sin embargo, manifestó que muchas veces los reportes de sostenibilidad de las empresas no bajan hacia los líderes de las comunidades aledañas. “Tenemos que abrir nuestras fábricas para que nos visiten, que nos conozcan, que haya monitoreo participativo para que los compromisos sean reales y eso como empresa nos ayuda a mejorar nuestra gestión, nos desafía a cumplir con nuestros compromisos; entonces, la invitación a la región es a trabajar juntos”, concluyó.
Sociedad civil: Un desafío fundamental en materia de debida diligencia es pasar del discurso a la práctica.
Por su parte, Anabella Sibrián, Directora de Protection International Mesoamérica (Guatemala) manifestó que vienen siendo testigos de cómo en la región los poderes corporativos están teniendo injerencia indebida en los Estados y que esto repercute en los derechos humanos de las personas que habitan la región con particular énfasis en los pueblos indígenas, afrodescendientes y en los derechos de la mujer cuyas voces y testimonios han sido muy fuertes en el foro regional.
Así mismo, manifestó que vienen exigiendo desde la sociedad civil que se apruebe el tratado vinculante y que en virtud a este reclamo existen diferentes voces que han estado recomendando evaluar los impactos alcanzados hasta el momento en los diálogos multiactor.
“Esperamos, que las empresas actúen con la debida diligencia y que los Estados cumplan con su deber de protección”, concluyó la representante civil.
Desde las comunidades afroamericanas: Lo que están diciendo ¿en realidad los van a cumplir?
A su turno, el defensor de los derechos humanos de la comunidad de Barranquilla de San Javier (Ecuador), Néstor Caicedo manifestó que “en el transcurso del foro, el Estado, las empresas y el Gobierno se han establecido metas y muchas otras cosas, y me he quedado con esta sensación de decir si lo que están diciendo en realidad lo van a cumplir y cómo”, enfatizó.
Manteniendo esa misma posición, sostuvo que las necesidades por las que atraviesan las comunidades afroamericanas, son los recursos que generan los salarios de especialistas y que es allí donde se debe apuntar en mejorar el trasfondo de su ayuda; además, que la deforestación de la flora y la fauna es solo responsabilidad del hombre y que los gobiernos tienen el poder para revertir esta situación y que aún estamos a tiempo, acotó el líder afrodescendiente.
Perspectiva sindical: La deuda es inmensa y cada vez más creciente.
Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia manifestó que, si hace un balance sobre la responsabilidad empresarial de la región, los trabajadores tendrán que decir que las empresas están en deuda absolutamente profunda en América Latina y el Caribe, al que considera, el continente más desigual del planeta.
Para finalizar la Relatora Especial de la CIDH, Soledad García Muñoz, manifestó que empresas y Derechos Humanos están necesariamente conectadas a los temas más urgentes que vivimos como humanidad y la pandemia no nos tiene que enseñar a vivir una nueva normalidad, sino a construir una nueva realidad con más justicia, más equitativa, en la que la región tan rica en bienes como en recursos naturales deje de ser la región más desigual del planeta.
El VII Foro Regional: Empresas y Derechos Humanos para América Latina y El Caribe se desarrolló del 13 al 15 de julio. Es un espacio de discusión multiactor sobre las implicancias que este escenario presenta para la región, su relación con otras políticas y las iniciativas asociadas que surgen en América Latina, además de múltiples espacios de profundización de la agenda desde diferentes aristas.
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