México tiene una población de más de 125 millones de habitantes, cuenta con una superficie total de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, y es uno de los centros de diversidad cultural y biológica más importantes del planeta. Debido a esto, durante 2023 se presentaron diferentes propuestas para la implementación de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), con el objetivo de mitigar el cambio climático, evitar la desigualdad social y fortalecer el marco normativo para una mejor convivencia de sus habitantes.
De acuerdo con Georgina Gutiérrez Barbosa, Socia del área de práctica Ambiental del despacho Sánchez Devanny, “durante el año se han registrado ciertas tendencias en materia ESG en México, incluyendo la publicación de la Taxonomía Sostenible, la publicación de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad, la promoción de los mercados de carbono, y las acciones para promover la igualdad de género”.
Una de las primeras acciones fue la publicación de la Taxonomía Mexicana Sustentable, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Es un sistema de clasificación que permite identificar y definir proyectos de inversión con impactos ambientales y sociales positivos, con base en metas y criterios establecidos.
Al tiempo que busca contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de sustentabilidad, incluyendo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Uno de los principales propósitos de la Taxonomía Mexicana es proporcionar a los inversionistas, acreedores y acreditadas información fiable para reducir los costos de transacción del financiamiento verde y sostenible; definir la base de múltiples normas, productos y clases de activos; conocer las preferencias de los participantes en el mercado; generar confianza en el mercado, promover la liquidez y facilitar el flujo de capital; redefinir los requisitos regulatorios; servir de base para el desarrollo de políticas públicas; y acelerar la transición hacia una economía sostenible.
La segunda acción es la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, la cual fue presentada el 18 de septiembre de 2023 por la SHCP, y tiene el potencial de movilizar hasta 15 billones de pesos de 2023 a 2030, a través de objetivos y líneas de trabajo adoptadas voluntariamente por los sectores público, privado y social.
La Estrategia es una guía para la transformación del sistema financiero mexicano hacia la sustentabilidad, sienta las bases para movilizar y reorientar el financiamiento hacia actividades y proyectos que generen impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad.
“Si bien la Estrategia sirve de guía para la realización de los compromisos nacionales en materia de sostenibilidad, es muy probable que a corto plazo estas metas se traduzcan en políticas específicas, reglamentos, legislación e incentivos adicionales. Éstos tendrán sin duda un impacto en el sector privado”, agregó José Berrueta Ochoa, socio de la práctica de financiamiento bancario y del Grupo de Industria de ESG.
La tercera tendencia que se ha visto en el mercado mexicano ha sido la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad, los cuales funcionan como instrumentos de deuda emitidos por una empresa cuyas características financieras pueden variar en función de si el emisor alcanza determinados objetivos ESG. Para lograr cierta homogeneidad, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, que agrupa a un importante número de instituciones financieras a nivel mundial, ha desarrollado ciertos principios que incluyen recomendaciones sobre aspectos de la estructu ración, divulgación e información de este tipo de bonos.
Estos principios pretenden fomentar la transparencia y aumentar los volúmenes de capital invertidos en ese tipo de instrumentos.
Por otra parte, otra de las tendencias de los últimos años, ha sido el compromiso de México para reducir sus emisiones de carbono en un 22% para 2030 y lograr una economía neutra en carbono para 2050, para ello estableció un marco regulatorio para el desarrollo de los Mercados de carbono.
Dichos mercados operan bajo el principio de “cap and trade”, estableciendo objetivos de reducción de emisiones para los sectores y empresas participantes. Este sistema se basa en el establecimiento progresivo y gradual de un régimen de comercio de derechos de emisión con el objetivo de promover reducciones de emisiones mensurables, notificables y verificables sin menoscabar la competitividad de los sectores participantes en los mercados internacionales.
Por último, la desigualdad en México ha permanecido en parte, por las costumbres y las normas sociales, lo que ha provocado brechas salariales, una baja representación de las mujeres en puestos directivos y un reparto desigual de las tareas domésticas. Aunque al país aún le queda mucho camino por recorrer, un esfuerzo significativo hacia la consecución de la diversidad de género fue el reconocimiento por parte del Consejo Coordinador Empresarial de México, hace ya algunos años, de la importancia de la diversidad de género (en particular, refiriéndose a las mujeres) en los consejos de administración y la inclusión de la recomendación en el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo de México de que las mujeres formen parte de los consejos de administración.
