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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado la creación de una nueva Comisión Internacional de Expertos en Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esta iniciativa tiene como objetivo promover el cambio de paradigma hacia una responsabilidad social que vaya más allá de los beneficios económicos y se alinee con los derechos laborales y el bienestar social.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, destacó en la presentación oficial que la RSE es fundamental para las transformaciones sociales que están teniendo lugar. “Las empresas deben tener un vínculo directo con los derechos humanos y el bienestar global“, afirmó Díaz.
Objetivos y composición de la nueva Comisión
“Milton Friedman escribió en 1970 que la única responsabilidad social que existe en las empresas es el aumento de beneficios. No tenía razón. Las empresas deben tener un engarce con sus países, con los derechos humanos, con el bienestar en el mundo”, señaló Díaz en su intervención de la nueva Comisión que estará presidida por el catedrático de la universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón.
Desde el Ministerio afirman que esta medida tiene como objetivo reactivar y dar un renovado impulso a la responsabilidad social empresarial como una política pública, abordando los desafíos ambientales y sociolaborales en un contexto de profundos cambios. La Comisión se enmarca dentro de este esfuerzo por reimpulsar la RSE desde la Vicepresidencia Segunda, junto con la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Además, el informe que emita la Comisión podría inspirar la creación de una nueva Estrategia Española de la RSE, y actualizará el enfoque de la responsabilidad social para adaptarlo a los retos contemporáneos en cuestiones de derechos laborales y medioambientales, así como al nuevo contexto normativo y social.
Además de Cruz Villalón, quien ejercerá como coordinador, la comisión estará compuesta por destacados expertos como: Margarita Baraño, profesora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid; Wilfredo Sanguineti, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca; Marta de la Cuesta González, catedrática en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED; María del Mar Alonso-Almeida, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales; Beatriz Fernández-Olit, profesora universitaria de Dirección de Empresas; Orencio Vázquez Oteo, profesor de la UNED en el área de economía aplicada; Isabelle Daugareilh, directora de investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (Centre National de la Recherche Scientifique) y en el Centro de Derecho Comparado del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Burdeos; Silvia Borelli, profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Ferrara; y Lára Jóhannsdóttir, profesora especialista en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad corporativa de la Universidad de Islandia. El enlace entre la comisión y el Ministerio será el economista Segundo González.
En este equipo convergen “saberes distintos, con un compromiso común: el de repensar el papel de las empresas en una sociedad verdaderamente democrática“, ha recalcado la vicepresidenta, quien ha subrayado la necesidad de modernizar este cometido empresarial frente a los retos actuales, como la emergencia climática, los retrocesos democráticos y las desigualdades crecientes.
“En un contexto así, no basta con que las instituciones públicas actúen. No basta, ni siquiera, con ampliar los derechos laborales. Necesitamos también que el tejido productivo se comprometa”, ha insistido Díaz, quien ha reclamado que las empresas, especialmente las grandes, deben ser conscientes de su impacto en el mundo, no solo midiendo sus beneficios económicos, “sino también sus impactos sociales, laborales y medioambientales“.
Vuelta al pasado
Durante los próximos meses, y en línea con directrices internacionales como la Directiva Europa 2024 sobre diligencia debida, que establece objetivos tanto en derechos humanos laborales y sociales como en medio ambiente, la Comisión analizará y actualizará el marco normativo para impulsar la RSE.
“Europa nos marca un suelo, pero nosotros queremos construir un techo. Un horizonte ambicioso, con herramientas eficaces, con indicadores exigentes y con voluntad real de cambiar las cosas. No para parecer responsables, sino para serlo”, ha subrayado la vicepresidenta.
Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. Uno de los primeros en pronunciarse en redes sociales fue Juan José Barrera, quien fue el primer director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSE del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. “Es sorprendente que el Ministerio de Trabajo constituya una comisión de expertos para tratar sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE). Se supone que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE), que legalmente existe (con norma no derogada), entre sus funciones tiene la de emitir un informe sobre la situación de la RSE en el ámbito internacional y en España“, comenta Barrera.
Añadió también: “Parece que se quiere suplir al CERSE, un órgano consultivo formado de forma paritaria por representantes de organizaciones patronales, sindicatos, organizaciones sociales y administraciones públicas, por un grupo de expertos que, sin cuestionar sus conocimientos, no representan a los distintos actores que participan en la RSE. Una vuelta al pasado. Borrón y cuenta nueva“.
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