El rápido progreso de la generación distribuida en México presenta una oportunidad para desarrollar un nuevo enfoque de federalismo energético. Conforme los ciudadanos desempeñan un rol más activo en la producción y gestión de su energía, surgen la necesidad de políticas y regulaciones que respalden modelos descentralizados, fomentando la participación local en la toma de decisiones sobre energía. Esto no solo fortalecería la resiliencia del sistema energético, sino que también plantea opciones a considerar para los candidatos federales y locales en las elecciones de 2024, al promover la innovación y crear condiciones propicias para mayores y mejores inversiones.
Los impactos del cambio climático son evidentes a nivel mundial. En lo que va del año, la Ciudad de México ha enfrentado contingencias ambientales atmosféricas, y en octubre del año pasado, el huracán Otis resaltó aún más esta crisis climática. Según expertos de la NASA, las probabilidades de eventos climáticos extremos han aumentado un 35%, lo que incluye temperaturas cálidas y cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento, contribuyendo a la formación de huracanes similares.
Para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, se requieren acciones a nivel federal y subnacional. Aunque el marco jurídico mexicano en materia energética está principalmente a cargo del gobierno federal, los estados tienen la oportunidad de liderar la transición energética.
Es esencial monitorear de manera sistemática las acciones emprendidas por los estados para evaluar su efectividad y satisfacer las necesidades energéticas que impulsan nuevas inversiones en el país. Las ciudades y municipios son las principales emisoras de gases de efecto invernadero a nivel mundial, por lo que deben ser el epicentro de la lucha por alcanzar un equilibrio en las emisiones netas.
Desde México Evalúa, se ha analizado la región del Bajío en términos de su desempeño energético histórico y su preparación para la transición energética. La coexistencia de infraestructuras energéticas estatales y privadas en áreas urbanas presenta desafíos para crear un entorno favorable a la inversión sustentable. Salamanca, Guanajuato, es un ejemplo donde las inversiones públicas en mantenimiento de la refinería conllevan costos sociales y económicos. Aunque la federación ha aumentado la inversión pública para modernizar las redes de transmisión y distribución en la región, los recursos son insuficientes para satisfacer la creciente demanda de energía en estados como Aguascalientes, Jalisco y Querétaro.
Por otro lado, la Generación Distribuida ha experimentado un crecimiento notable en la región del Bajío, lo que plantea la pregunta sobre si las políticas y presupuestos vigentes están impulsando o inhibiendo la transición energética a nivel local. Es crucial seguir evaluando el desempeño de las políticas públicas en función de las necesidades cambiantes.
El proyecto Cuatro retos para la transición energética: el caso Bajío busca establecer un sistema de monitoreo uniforme para evaluar los esfuerzos de transición energética a nivel subnacional, inicialmente en esta región y con posibilidad de expandirse a nivel nacional. Esta herramienta proporcionaría retroalimentación sobre los esfuerzos y resultados de las entidades federativas hacia la transición energética, contribuyendo a una mejor toma de decisiones y participación ciudadana.
La transición energética concierne a todos los mexicanos, y es fundamental exigir, desde el ámbito local hasta el federal, el aprovechamiento de los recursos y el abandono de la priorización de los combustibles fósiles para avanzar en esta transición.
Accede a más información responsable en nuestra biblioteca digital de publicaciones Corresponsables.
