¿Cuál es la función del grupo de trabajo de Naciones Unidas ‘Derechos humanos, corporaciones transnacionales y otros negocios’ del que forma parte?
Nuestro mandato es difundir y promover la implementación del estándar que Naciones Unidas ha aprobado sobre derechos humanos y empresa. El Consejo de Derechos Humanos lo aprobó unánimemente, algo que no había pasado nunca en la vida. Por primera vez, se han puesto de acuerdo en este punto y ¡mira que llevábamos casi 40 años tratando de sacar reglas en este ámbito! Es muy significativo.
¿Cuáles son los aspectos más destacados de este estándar?
Tiene un capitulo con acciones que los gobiernos deben cumplir y un capítulo con expectativas para las empresas. Entre los aspectos claves, resuelve cualquier duda que alguien pudiera tener acerca de la responsabilidad que tienen las empresas de averiguar qué está pasando en su cadena de valor y si en ésta puede haber impactos negativos como pasó en el Rana Plaza, en Bangladesh. Las firmas de moda, por ejemplo, ya no pueden decir “no tenemos fábrica en Bangladesh, por lo tanto no soy responsable de lo que ocurre”. Este estándar aclara la duda y viene a responder “por supuesto que tenéis la responsabilidad de analizar el impacto en vuestra cadena de valor y averiguar qué está pasando”.
Las empresas deben utilizar su influencia y su sistema de gestión para prevenir, gestionar y mitigar posibles impactos negativos. Nos hemos puesto de acuerdo en lo importante, que es que las empresas rindan cuentas. Si no, solo apuestan por la filantropía y no es suficientemente. El estándar además propone un lenguaje común entre los que los piden rendición de cuentas a las empresas y las propias empresas.
¿Lo ocurrido en Bangladesh ha marcado un antes y un después?
En nuestra tarea de promover la implantación de los Principios Rectores nos reunimos tres veces en Ginebra y siempre tenemos una sesión de consulta abierta para escuchar qué tienen que decir gobiernos, empresas, ONG, etc.
En la última, abordamos el caso del Rana Plaza. Pienso que el caso nos da una buena pista sobre qué es lo que va a suceder en los próximos tres años en temas de Responsabilidad Social. El Rana Plaza nos pone un caso de la vida real, nos confirma que estos Principios Rectores de Naciones Unidas quedaron bien formulados. En este caso, nos dicen que las empresas tienen una responsabilidad independiente de la del Estado, de identificar cuáles son los mayores impactos, los más severos en su cadena de valor y empezar a actuar sobre ellos.
¿Qué otras lecciones se han aprendido?
Primero, que hay que priorizar para saber por dónde empezar. El Rana Plaza nos muestra de manera muy palpable que no tenemos una única receta y que hay una parte de la tarea que tendrán que hacerla los estados y otra parte que tendrán que hacerla las empresas. También pudimos ver la presión que son capaces de hacer los sindicatos para atraer a las marcas. Además, por primera vez, se está discutiendo remunerar a las víctimas, aunque aún no se están aliviando todas las necesidades de las víctimas, pero, al menos, se está sistematizando la respuesta.
Antes comentaba que el caso de Rana Plaza permite ver cómo va a ser la Responsabilidad Social en tres años. ¿Cómo describiría el panorama futuro?
Dentro de tres años, vamos a ver una mayor estandarización dentro de las empresas, de sus mecanismos de prevención, de gestión y de reparación. Se están construyendo estándares certificables para que las empresas puedan demostrar en qué nivel están respecto a la implementación de los Principios Rectores. Vamos a ver mayor transparencia y estándares de este tipo que facilitarán las políticas públicas.
También comentaba que hay una parte de responsabilidad que pertenece a los estados, otra a las empresas… Sí, el Rana Plaza también nos demuestra que esto no se arregla con un solo actor. Necesitamos más. Estamos viendo iniciativas multistakeholder en las que sindicatos y empresas están acordando unas reglas obligatorias que van a cumplir voluntariamente y, en caso de que no, tendrán que pasar por un proceso de arbitraje sometido a las reglas internacionales. ¡Fíjese que estos acuerdos no han pasado por ningún parlamento ni ningún tratado internacional y va a ser vinculante para las empresas! Está cambiando el paradigma viejo de lo vinculante y lo voluntario porque la expectativa de la gente es que haya responsabilidad y rendición de cuentas. Por supuesto, queremos prevenir y queremos que las empresas eviten esos impactos negativos.
También hemos visto el importante papel de los estados. Desde Europa se ha hecho presión pero también se ha apoyado económicamente ya que han entendido que la industria textil es fundamental para la realización del derecho al trabajo de la gente en Bangladesh. La lección es “ha habido un problema pero hay que actuar para que no vuelve a ocurrir y no huir, ya que se necesita que haya empleo en Bangladesh”.
Algunas empresas interpretaron que era mejor marcharse.
Nosotros, como grupo de trabajo, emitimos un comunicado diciendo que éste no era el momento para que las marcas se fueran de Bangladesh, sino para que ajustaran sus sistemas de gestión y de verificación en la cadena de valor. Es el momento para que las marcas actúen juntas, para que se ejerza influencia sobre los actores locales. También necesitamos que los actores en Bangladesh se empoderen, que sientan las ventajas que aporta, que tengan margen de acción, etc. porque si no, no va a ser sostenible.
Hablaba de crear nuevos estándares en temas de medición de derechos humanos. ¿Quién los va a crear?
El mercado los está generando. Ahora mismo lo que ya sucede de forma espontánea es que las empresas contratan auditores externos e independientes y lo transmiten en sus informes porque sus stakeholders lo piden. Lo que necesitamos ahora es más convergencia y creo que van a surgir estos estándares del propio mercado.
Nosotros, en el grupo de trabajo, estamos apostando por un proyecto particular entre una ONG y una empresa y auditoría que están trabajando en la producción de un estándar sin ánimo de lucro, de propiedad pública. Este estándar podría complementar a GRI, lo que sería una maravilla. GRI incluye una parte de derechos humanos pero no nos da información material sobre qué es lo que realmente está pasando en una empresa y aunque nos da una buena fotografía de la totalidad de la empresa en su conducta y en su gestión de los impactos adversos en derechos humanos, no alcanza a todo y le falta profundidad. Podría ser un buen complemento.
