Lo dice claramente la Agenda de Acción de Addis Abeba de julio de 2015 en su párrafo 42: “Alentamos a que las donaciones filantrópicas presten la debida consideración a las circunstancias locales y estén en consonancia con las políticas y prioridades nacionales”.
Por otra parte, el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 subraya la meta de “Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones”.
La “Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas” (2014-2020) se hace eco de ambas recomendaciones de Naciones Unidas utlizando como medida para promocionar la Cooperación al Desarrollo la constitución de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPDs); igualmente, la Estrategia de Empresa y Desarrollo (2016) de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) presenta las APPDs como un poderoso e innovador instrumento, constatando que las APPDs generaron vínculos de confianza entre los socios resultando ser una vía idónea para intervenir de manera integral y con mayor impacto en el desarrollo en el territorio que un proyecto normal.
México, como país de renta media alta, décimo primera economía mundial, miembro de la OCDE, con una capacidad de exportación de 400 mil millones de USD por año, con unas 5,700 empresas de capital español registradas en la Oficina Comercial de la Embajada de España en México y con una cultura bastante arraigada de la filantropía, se convierte en un país ideal para promover las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo.
Por todo lo anterior, la AECID decide estratégicamente apostar fuertemente por trabajar en APPDs, y al igual que muchas empresas, entiende las profundas ventajas de alinear el esfuerzo filantrópico corporativo con las políticas públicas que tienen influencia en el territorio donde la empresa opera o pretende operar, o con las políticas sectoriales afines al núcleo de negocio de la propia empresa. Así, se consigue mayor eficacia, sinergia y sostenibilidad al coincidir esfuerzos públicos y privados en las áreas geográficas de mayor prioridad y sobre los colectivos de personas de mayor vulnerabilidad.
De la mano de su principal socio gubernamental, la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo), se constituyó un fondo fiduciario público mexicano, el Fondo Mixto México-España, que se convirtió en el principal mecanismo de financiación de las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Durante los últimos cuatro años, el Fondo Mixto ha desarrollado 9 proyectos bajo esta modalidad por un monto total de aproximadamente 60 millones de pesos, hemos formado alianzas con 21 actores privados muy diversos entre los que se encuentran empresas españolas y mexicanas, fundaciones empresariales, universidades, ONGs y un museo; con 12 entidades públicas a nivel federal y estatal fundamentalmente en Oaxaca, Michoacán y Ciudad de México, en los sectores de medioambiente, creación de empleo y rehabilitación de viviendas.
Como ejemplo, el apoyo de la Fundación Acciona Microenergía México (fundación de la empresa española Acciona, líder mundial en energías renovables) a la Política Pública de Electrificación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo del Estado de Oaxaca resultó en la electrificación con equipos fotovoltaicos de 7,000 hogares que nunca habían tenido antes acceso a la electricidad, consiguiendo el 100% de acceso a la electricidad en el Estado de Oaxaca, tal y como estaba planificado en la política pública correspondiente.
Otro ejemplo es el apoyo de la Fundación Gas Natural Fenosa (fundación de la empresa homónima española) a la política pública de promoción de empleo de la Delegación de Cuauhtémoc “Capacítate y Empléate” para formar a jóvenes, mujeres y personas mayores en instalación y mantenimiento de gas, agua y electricidad, lo que aumenta su empleabilidad dada la fuerte demanda actual en el sector de este tipo de profesionales.
Al fin y al cabo, de lo que se trata es de extraer los recursos, conocimientos y tecnología residentes en las empresas privadas y ponerlas al servicio de las políticas públicas de desarrollo.
