El actual marco jurídico en materia de asistencia social es disperso, discrecional y excluye de su reconocimiento jurídico a más de la mitad de las OSC actuales. Esto ha provocado que gran parte de las OSC mexicanas operen fuera de los marcos institucionales y con limitada efectividad como agentes de cambio.
México es la segunda economía de América Latina. Como país emergente debemos enfrentar las fluctuaciones globales de los mercados, resolver los retos de la productividad, el buen gobierno, en particular la ejecución transparente y efectiva de la inversión y el gasto público, y las reformas en materia de energía, educación y trabajo, y al mismo tiempo privilegiar la conservación de nuestro capital natural. Este último punto es particularmente importante, ya que la estimación de los costos del deterioro ambiental en México alcanza entre el 7 y 10% del Producto Interno Bruto.
La economía en México, a pesar de presentar un desarrollo económico positivo, enfrenta retos importantes. Actualmente, más del 40% de la población de México enfrenta condiciones de pobreza y cerca del 10% se encuentra en niveles de pobreza extrema. La falta de seguridad sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos en todos los niveles sociales.
A pesar de que existen las condiciones para el surgimiento, desarrollo y expansión de las OSC en México, sus posibilidades son limitadas debido a los retos que enfrentan. Entre éstos destacan:
- Requisitos legales: un reducido número de OSC cuenta con los recursos para tramitar el permiso para recibir donativos deducibles de impuestos y cumplir con los requerimientos fiscales como donataria autorizada.
- Políticas restrictivas por parte de los donantes en cuanto al gasto de overhead: esto limita el gasto de las OSC en capacitación, planeación, sistemas de control, tecnologías de información y movilización de recursos.
- Reglas de operación restrictivas: al igual que en otros países, en México el sector filantrópico opera bajo condiciones de desventaja ante el sector lucrativo, comparativamente hablando, en materia de sueldos y prestaciones, publicidad, tolerancia al riesgo, acceso a fuentes de financiamiento y disponibilidad de tiempo para la consolidación de sus proyectos y resultados. Esto le resta competitividad como agente de cambio.
- Marco jurídico: no incentiva, más bien limita el aporte filantrópico de las empresas e individuos al restringir los montos que las primeras pueden aportar como donativos deducibles de impuestos. Adicionalmente, el marco jurídico en temas fiscales como el impuesto predial y el impuesto a bienes heredados no favorece un incentivo económico para aportar donativos en la escala que aplica en otros países desarrollados.
- Baja profesionalización de dirigentes y personal de las OSC: el nivel de efectividad y eficiencia en las OSC es desigual. Pocas OSC cuentan con directivos capacitados, personal con conocimientos sobre la administración de OSC y consejos directivos experimentados.
- Experiencias muy visibles de corrupción en organizaciones filantrópicas. El caso reciente de una fundación durante el sexenio 2000-2006 provocó mucha desconfianza entre las autoridades y la ciudadanía y afectó el aporte potencial de ésta última para fines asistenciales y filantrópicos.
A través de las OSC, los ciudadanos atienden diversos problemas sociales y están construyendo una nueva fuerza que, bien canalizada, puede ser un extraordinario catalizador de los procesos de desarrollo económico y de modernización social de México.
