La conferencia, celebrada en la Sede de Naciones Unidas en Ginebra, perseguía un doble objetivo: promover el liderazgo de los profesionales del derecho en empresas y derechos humanos y adoptar una declaración conjunta de compromiso con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en adelante, Principios Rectores) y su puesta en práctica.
Los allí presentes formábamos un grupo de 100 abogados que incluía representantes de despachos de abogados (Linklaters, Herbert Smith Freehills o Clifford Chance), abogados de empresa (Total, Nestlé o Holcim), de asociaciones de abogados nacionales e internacionales (Consejo General de la Abogacía Española o la ‘Union internationale des Advocats´) y de la sociedad civil (ICAR o Global Witness). Fueron dos días de intenso debate y reflexiones, de las cuales me gustaría compartir dos en especial:
1. ¿Por qué es importante el liderazgo de los profesionales jurídicos?
2. ¿Cómo se está promoviendo el liderazgo?
De acuerdo con el reciente informe sobre empresas y derechos humanos de la Unidad de Inteligencia de The Economist, el 84% de las empresas entrevistadas consideran que son agentes claves en el respeto a los derechos humanos; para más del 70% respetar los derechos humanos implica más que el cumplimiento con la legislación nacional e internacional. Asimismo, un estudio de la Universidad de Harvard concluye que las empresas ‘más sostenibles’ superan significativamente a sus competidores en el largo plazo, tanto en el mercado de valores como en el rendimiento contable.
En otras palabras, la temática de empresas y derechos humanos presenta una oportunidad positiva de negocio para las empresas, pero también para los despachos de abogados, y este fue un punto clave durante el primer día de la conferencia. Las empresas están generando una demanda de asesoramiento sobre cómo incorporar las cuestiones de derechos humanos en sus prácticas empresariales que por el momento está insatisfecha. El director del departamento jurídico de una de las multinacionales presentes indicó que faltan abogados con conocimiento sobre empresas y derechos humanos que asesoren a las empresas.
Para los aún escépticos y más legalistas, otro argumento que generó consenso es el avance hacia la obligatoriedad. Las intervenciones pusieron de manifiesto que los Principios Rectores han marcado el fin de la voluntariedad. En este sentido, se hizo un repaso sobre los desarrollos legislativos en California y Reino Unido y la adopción de la Transparency in Supply Chains Act o la Modern Slavery Bill, respectivamente. También se discutió la proposición de Ley francesa sobre debida diligencia o el voto a favor del Parlamento Europeo a una regulación sobre minerales de conflicto. Se concluyó que los abogados no pueden ignorar o pasar por alto estos cambios, dados los riesgos legales, pero también reputacionales o financieros que ello conlleva para el negocio jurídico y sus clientes.
Habida cuenta de la relevancia, ¿cómo se está promoviendo el liderazgo? A nivel internacional, la Asociación de Abogados Internacionales (IBA, por sus siglas en inglés) creó un Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que está elaborando dos guías de recomendaciones, una para Colegios de Abogados y otra para despachos de abogados. La ABA ha hecho una apuesta firme al adoptar los Principios Rectores y, desde el Consejo de Europa, dentro del Programa Europeo de Educación en Derechos Humanos para Profesionales Jurídicos, se está desarrollando un curso online sobre empresas y derechos humanos. A nivel nacional, destaca el proyecto ‘Derechos Humanos y empresas: el papel de la abogacía’ que estamos llevando a cabo desde Fundación Fernando Pombo.
En cuanto a la forma de trabajo, la conferencia ha supuesto un llamamiento al esfuerzo conjunto, que se ha materializado con la propuesta y adopción de una declaración conjunta. Los ejes serán: la formación, el asesoramiento, la concienciación y la investigación, y las medidas se concretarán durante el próximo ciclo de reuniones y conferencias previstos.
En conclusión, existe una gran oportunidad para que el negocio jurídico en España innove y empiece a considerar un asesoramiento “ético-normativo” a sus clientes, que incorpore la perspectiva de la protección de los Derechos Humanos. Razones no faltan, y el contexto supone un momento propicio. El liderazgo en España todavía está en juego entre los despachos de abogados.
