En un año como el 2023, marcado por la emergencia humanitaria que hemos vivido con la llegada a nuestro país de un gran número de personas por vía marítima, y en el que Accem ha trabajado para atender y proporcionar la acogida necesaria en las Islas Canarias y en la península, el Día Internacional del Migrante cobra especial relevancia para la entidad.
Así pues, en esta fecha tenemos que volver a señalar que se evidencia la falta de vías legales y seguras, situación que obliga a miles de personas a poner su vida en peligro en terribles travesías en las que muchas no sobreviven. Una situación que pone de manifiesto la necesidad de que los derechos humanos estén en el centro de las políticas migratorias.
Por ello, nos preocupa que, si bien el Pacto Europeo de Migración y Asilo recoge entre sus principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no establece disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen. De hecho, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, este año han fallecido o desaparecido al menos 868 personas intentando alcanzar las costas de las Islas Canarias, en la denominada ruta atlántica.
Otro de los aspectos que consideramos debe ser revisado de dicho acuerdo, según los avances que se han conocido, es que pone el foco de la gestión migratoria en el control fronterizo e incide en la externalización de fronteras, fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio. En Accem creemos que el debate alrededor de la migración no puede estar centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad y debe focalizarse en un enfoque garantista de los Derechos Humanos.
Por otro lado, en relación a la gestión migratoria en nuestro país, desde Accem señalamos que entre los varios retos pendientes está la necesidad de seguir trabajando en la mejora y agilización de los procedimientos de extranjería para garantizar que sean efectivos y eviten situaciones de irregularidad sobrevenida. Esto permitirá a las personas migrantes poder acceder a derechos que legalmente tienen reconocidos pero a los que no pueden acceder por falta de desarrollos normativos.
Otro de los más importantes retos pendientes y urgentes es la atención y gestión hacia los menores que migran solos, cuyo número ha aumentado sustancialmente debido a la emergencia humanitaria que hemos vivido este año. Desde esta organización volvemos a incidir en la necesidad de establecer procedimientos de determinación de la edad que permitan una correcta identificación de los menores, así como de mecanismos que fomenten una acogida equitativa y solidaria entre las diferentes comunidades autónomas, con el fin de proporcionar la más adecuada y mejor protección a estos niños y jóvenes menores de edad.
Para finalizar no podemos dejar de insistir en la importancia de luchar contra la normalización de mensajes que estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes y que se han visto especialmente agitados en los momentos de emergencia humanitaria. El incremento sostenido de los mensajes xenófobos y discriminatorios, que en ocasiones llegan a convertirse en discurso de odio, se ha ido normalizando lo que tiene graves y directas consecuencias para las personas que son víctimas de ellos y también para nuestra sociedad ya que fomentan la polarización y la descohesión social.
