Avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva es uno de los principales objetivos de este Gobierno y, sin duda, un horizonte al que nos dirigimos como país. Con la creación del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez ponía el foco sobre una de las injusticias más graves que enfrenta España: los 2,3 millones de niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza. Desde entonces, este Gobierno ha dado muchos pasos para mejorar la vida de la infancia y la adolescencia.
La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital es una de las medidas más ambiciosas que, además, se ha aumentado en un 15% para enfrentar la inflación derivada de la guerra en Ucrania. El IMV se refuerza, además, con el Complemento de Ayuda a la Infancia, la prestación por hijo/a cargo más alta de la historia. Esta medida se ha visto apoyada por otras muchas, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional o la puesta en marcha de los ERTE.
Los datos nos muestran cómo estas políticas están funcionando: la última Encuesta de Población Activa (EPA) refleja como los hogares sin ingresos en los que viven niños, niñas o adolescentes se han reducido hasta alcanzar los niveles previos a la crisis de 2008, reduciéndose en más de 100.000 desde el punto más alto en 2013.
Otra de las políticas destinadas a trabajar por la igualdad de oportunidades de la infancia ha sido el aumento en hasta un 45% de las becas, comparado con la cuantía que se dedicó en 2018, y la creación de hasta 65.000 plazas públicas en educación infantil. Para cerrar la brecha de desigualdad no hay mejor herramienta que garantizar una educación gratuita y de calidad desde la primera infancia.
Existen otras muchas medidas destinadas a combatir los efectos que la pobreza tiene en la infancia. No puedo dejar de mencionar el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil coordinado por este Alto Comisionado y que tiene el objetivo de mejorar la salud y el bienestar físico, social y mental de muchos niños y niñas, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad económica que padecen el doble de exceso de peso.
El futuro nos ofrece también nuevas oportunidades para mejorar la situación de la infancia y continuar cerrando esta brecha. Una de las más ilusionantes es la implementación de la Garantía Infantil Europea, la guía para la inversión en infancia en situación de vulnerabilidad en la próxima década financiada con 1.000 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo +.
Las políticas impulsadas desde la administración pública son muy importantes para romper el círculo de la pobreza infantil, pero no podemos hacerlo solos. Con la intención de convertir esta lucha en un objetivo de Estado, el Alto Comisionado creó en 2020 la Alianza País Pobreza Infantil Cero que ya cuenta con más de 180 empresas, entidades del tercer sector, fundaciones y administraciones públicas aliadas.
El papel de las empresas en esta Alianza es esencial para su éxito. La responsabilidad social corporativa, la generación de riqueza o la creación de nuevo conocimiento que aporta el sector empresarial son elementos fundamentales de esta lucha. Garantizar la igualdad de oportunidades desde la infancia es una meta que toda la sociedad debe perseguir desde su ámbito de actuación si queremos construir una España más justa, digna y cohesionada en la que la infancia y la adolescencia crezca sana, segura y feliz.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: 7º aniversario de los ODS, junto a T-Systems y Villafañe&Asociados
