La Responsabilidad Social permite a las organizaciones integrar el compromiso con los derechos humanos en su dirección y gestión al poner énfasis en el impacto de las actuaciones de la organización en la sociedad y en sus grupos de interés, ya sean empleados, clientes o accionistas en el caso de empresas, o empleados y ciudadanos en el caso de las Administraciones Públicas.
Debido a la creciente conciencia entre empresas y Administraciones de su correlativa capacidad de contribuir a la mejora de la sociedad, la Responsabilidad Social ha avanzado hasta convertirse en una de las mejores herramientas para canalizar el compromiso de las organizaciones con los Derechos Humanos, permitiendo convertir este compromiso en un principio rector de la actividad y gestión externa e interna.
En consonancia con esta tendencia, la Agencia Española de Protección de Datos ha venido consolidando la Responsabilidad Social como el marco de su relación con los ciudadanos y la sociedad, así como uno de los pilares de su política de recursos humanos, alineando su gestión con la Agenda 2030, especialmente a partir de la aprobación del Marco de Actuación de Responsabilidad Social de la AEPD, que se sustenta sobre cuatro compromisos que adopta esta entidad: con la sociedad, la transparencia, los empleados y el medio ambiente.
En la vertiente externa, esto se traduce en lograr que la Agencia sea un organismo cercano, en constante comunicación con los ciudadanos, las empresas y el sector de la innovación, la economía digital y la privacidad, que fomente el cambio de paradigma en el ámbito de la protección de datos, enfocada en la responsabilidad proactiva, de acuerdo con los principios establecidos en la legislación vigente.
Una muestra de ello es el lanzamiento del Pacto Digital para la Protección de las Personas como mecanismo para impulsar la convivencia ciudadana en el ámbito digital, promoviendo que las organizaciones se comprometan con la innovación, la protección de datos y la ética y para difundir de forma proactiva iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a un mejor uso de Internet.
Además, en el ejercicio de su actividad la Agencia incorpora de forma transversal el principio de igualdad efectiva y real, como refleja el establecimiento de un Canal prioritario para solicitar la eliminación de contenidos sensibles o violentos difundidos en Internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos.
En la vertiente interna, se busca favorecer la calidad del clima laboral y se pone especial énfasis a la igualdad de género, el respeto a la diversidad y la conciliación, con el objetivo de fomentar la identificación de los empleados con la organización y así atraer y retener el talento. La elaboración de un Plan de igualdad, o el impulso a la flexibilización de la relación de servicios y a la orientación a resultados, en el marco del programa de teletrabajo, son medidas que reflejan el compromiso de la Agencia con los derechos de sus empleados.
En definitiva, establecer una política de RS ha permitido a la Agencia canalizar su compromiso con los derechos humanos y, muy especialmente, con la garantía del derecho fundamental a la protección de datos, contribuyendo así a una Administración Pública más cercana, transparente y proactiva que contribuya a mejorar la sociedad. Los organismos públicos tienen la obligación de dar un paso adelante en este tipo de políticas, impulsando una sociedad más justa y equilibrada.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Impulsando la gestión en DDHH, realizado en alianza con Fundación Seres.
