Pero no con la obligatoriedad de una señal de tráfico, del impuesto sobre la renta o del código penal, sino con la obligatoriedad de la excelencia, de hacer lo que es mejor para la empresa y para las personas en cada caso. O sea, no debe ser obligatoria, al menos tal como entendemos esa palabra habitualmente.
La ley puede funcionar relativamente bien cuando es negativa, pero no suele ser útil cuando manda lo positivo: se puede prohibir que los padres sometan a sus hijos a la prostitución, pero no se puede mandar a los padres que amen a sus hijos.
Dejar la RS en manos de la ley implica dejar al legislador –y a los expertos que le asesoran– la decisión de qué es bueno o malo para la empresa y sus stakeholders, algo que no me parece acertado.
Además, la ley no lo puede abarcar todo. Y será reactiva, actuará cuando aparezca el problema: no garantizará, pues, su solución a tiempo. Por el contrario, un directivo verdaderamente responsable es probable que vea el problema antes de que aparezca y reaccione a tiempo.
