En el desarrollo del plan, hemos buscado contar con una amplia participación de la sociedad civil y las empresas. Es importante en este tipo de procesos ser lo más participativo posible y también permitir a las empresas compartir los desafíos y preocupaciones a los que ellas mismas se enfrentan.
Hemos aprendido muchas cosas al trabajar con esta estrategia. Ha sido la primera vez que el gobierno británico ha examinado cómo se protegen los Derechos Humanos en el contexto empresarial. Nos ha hecho analizar la influencia que el propio gobierno puede tener sobre la actividad empresarial, mediante contratos, licitaciones y actividades de abastecimiento. Y esto nos ha llevado a estudiar los mecanismos de reparación en el Reino Unido para saber si son efectivos o si necesitan más trabajo.
La acción por parte del sector privado en Derechos Humanos beneficia a las empresas y las comunidades: ayuda en la creación de empleos y clientes, y contribuye a la estabilidad del mercado, y por lo tanto a su potencial de generar crecimiento en el largo plazo. Una mala práctica corporativa afecta a la reputación de las compañías y el valor de la marca. Puede generar un daño financiero irreversible para las empresas; si la empresa es británica también tendrá un impacto en la reputación del Reino Unido como país.
Animaremos a las empresas británicas a extender al extranjero sus mecanismos conciliatorios actuales. Debemos asegurarnos de que los acuerdos de inversión de las empresas británicas incluyan una referencia a la necesidad de que las empresas respeten los Derechos Humanos y no socaven la capacidad del país anfitrión para cumplir sus obligaciones sobre Derechos Humanos.
El Gobierno británico quiere predicar con el ejemplo. Nos comprometemos a garantizar que en las compras públicas, los asuntos relacionados con Derechos Humanos se reflejen apropiadamente. Y subrayar que nuestras instituciones podrán excluir proveedores de participar en concursos públicos si hay información que demuestra su mala conducta relacionada con Derechos Humanos.
El Reino Unido ya tiene una combinación de políticas, legislación y reglamentos que ayudan a proteger los Derechos Humanos. Pero, como todos los estados, necesitamos evaluar continuamente si la combinación actual es apropiada, qué carencias puede haber y qué mejoras podemos introducir. Aunque prevemos que este trabajo se extenderá durante varios años, nos hemos comprometido a revisar nuestros progresos en esta tarea a finales de 2015.
Queremos mostrar que el Reino Unido está a la vanguardia en el tema de negocios y Derechos Humanos, dado el alcance y el impacto global de sus actividades empresariales, y el interés del Gobierno en promover negocios que respeten los Derechos Humanos.
