Hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, no puedo evitar echar la vista atrás y recordar que la Fundación Integralia DKV comenzó su actividad con la entrada del nuevo siglo. Durante el comienzo de este siglo XXI, se han ido consiguiendo grandes logros en el avance de derechos de las personas con discapacidad.
En nuestros 18 años de historia, quizá el logro más significativo que hemos tenido la suerte de presenciar fue la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXII. El texto recogía una serie de derechos y alegaciones históricas que culminaron en esta convención aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 diciembre de 2006 en su sede en Nueva York.
El texto, ratificado por 82 países –entre ellos España- y puesto en vigor en mayo del 2008, estableció una serie de derechos y un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. Era solo la punta del iceberg, sostenida en un sinfín de personas, entidades, empresas y organizaciones que, con su compromiso y voluntad, han conseguido que la realidad de las personas con discapacidad saliera a la superficie y estuviera presente en la agenda política internacional.
La convención consiguió materializar el cambio de paradigma. Se ha pasado de una concepción médica de la discapacidad, donde las personas eran meras enfermas poseedoras de una patología clínica que las invalida y las condena en su individualismo, a una concepción o paradigma social, donde el problema ya no está tanto en la patología o la discapacidad de la persona, sino en la misma sociedad que permite que esta discapacidad sea realmente discapacitante, realmente limitadora. Es decir, el enfoque se centra no en la silla de ruedas, sino en la escalera.
Pero en vano son las buenas intenciones políticas si no trascienden del documento y no permean en el imaginario colectivo. De nada sirven las buenas intenciones políticas si la tinta que defiende estos derechos se difumina a la hora de ejercerlos. El otro día leí que sólo un 1% de los edificios son accesibles en España. La falta de accesibilidad en las ciudades es la ilustración más evidente del fracaso, la constatación más fehaciente de nuestra vergüenza. ¿Si algo tan ostensible como una barrera arquitectónica no se soluciona, qué podemos esperar de aquellas barreras más subrepticias y que menoscaban los derechos de las personas con discapacidad?
Estas barreras nacen de los prejuicios, aparentemente más inofensivos, pero que dificultan el acceso a algo tan básico como el mercado laboral. Desde la Fundación Integralia DKV llevamos 18 años defendiendo el derecho a la formación y al empleo de las personas con discapacidad, y lo seguiremos haciendo. Hemos ayudado a muchas empresas y administraciones públicas a iniciar una política de gestión de la diversidad, donde se cuente con las capacidades y potencialidades de las personas con discapacidad para conformar su plantilla. Entidades sociales como nuestra fundación pueden ser el catalizador que las empresas necesitan, no solo para ser socialmente responsables, sino para convertirse también en un agente de cambio; para ser proactivos en la transformación de un mundo que necesita ser más justo e igualitario.
Este cambio está recogido también en los ODS de las Naciones Unidas, la continuidad de los ODM que la comunidad empresarial y los líderes mundiales adoptaron en septiembre de 2015 con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
Para alcanzar estas metas “todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad”: gobiernos, sector privado, sociedad civil… para que, en definitiva, dejemos en nuestro paso un mundo mejor para nuestros hijos. Tanto la Administración Pública como el sector empresarial pueden respaldarse también en organizaciones sociales de la discapacidad como Integralia para cumplir con estos objetivos.
Sin ir más lejos, la semana pasada fuimos premiados por la Fundación Seres por un proyecto social en Perú compartido junto a la Fundación Pachacútec y Konecta. Este proyecto, cuyo objetivo era impulsar el desarrollo local de un asentamiento en Lima a través de la formación y el empleo a colectivos vulnerables y personas con discapacidad, contribuye a reducir la pobreza (ODS 1), promover el crecimiento económico sostenible (ODS 8), reducir la desigualdad en y entre los países (ODS 10) y tejer alianzas para lograr los objetivos (ODS17). Es la mejor constatación que podemos dar de que el trabajo en alianza genera un valor compartido tanto en la sociedad como en la empresa.
Este día 3 de diciembre, día Internacional de las personas con discapacidad, queremos seguir haciendo hincapié en la defensa de estos derechos. Queremos recordar que entidades sociales como la nuestra seguiremos luchando para que se cumplan a partir del trabajo en red con el sector empresarial, la administración pública y gobiernos y el tercer sector social.
