Por el momento, parece haber poco interés en cambiar esta situación. Las grandes potencias del G-20, entre ellas EE.UU, Reino Unido y Alemania, son también los principales beneficiarios de los paraísos fiscales, como deja claro el Índice. Y contrariamente a lo que el imaginario popular plantea, los paraísos fiscales no se encuentran en hermosas islas de arena blanca y enormes palmeras, sino con frecuencia en el corazón de algunos de los estados más poderosos del planeta.
El nuevo Índice de Secretismo Financiero elaborado por Tax Justice Network, una red de investigadores y activistas de la que forma parte la ONG española InspirAction, lista las 72 jurisdicciones opacas más agresivas a la hora de proveer secreto fiscal a sus clientes. Suiza, las Islas Caimán, Luxemburgo, Hong Kong y EE.UU se encuentran a la cabeza de la lista. Reino Unido, con la City de Londres y una extensa red de territorios de ultramar dependientes de la misma (incluyendo Jersey, Bermuda, o las Islas Vírgenes Británicas) también ocupa un lugar destacado en la punta de esta pirámide.
Estos territorios tienen una característica en común: el secretismo. Los paraísos fiscales, compiten entre sí para atraer flujos financieros ilícitos de todo tipo, con el secretismo como uno de los atractivos más importantes. Y no lo hacen solos: bancos, despachos de abogados y firmas de contabilidad proporcionan estructuras opacas en paraísos fiscales a sus clientes.
Pero no nos engañemos: este secretismo no sólo ayuda a unos cuantos a ser más ricos y pagar menos impuestos. También distorsiona el mercado y los flujos de inversión, y crea un ambiente apropiado para el florecimiento de un conjunto de males que perjudican a los ciudadanos de los países ricos y pobres por igual: fraude, evasión y elusión de impuestos, operaciones con información privilegiada, malversación, soborno, lavado de dinero, y mucho más. Pero si tenemos en cuenta que según informes de InspirAction, los países en desarrollo pierden cada año más de 160.000 millones de dólares en impuestos que nunca llegan a cobrar, podemos hacernos una idea del impacto que tiene la existencia de las jurisdicciones opacas en la vida de los millones de personas que viven en la pobreza. Por cada dólar que un país en desarrollo recibe en concepto de ayuda oficial al desarrollo, se estima que pierde alrededor de 10 por flujos financieros ilícitos.
Los flujos financieros ilícitos que mantienen a las naciones en desarrollo en la pobreza son mantenidos primordialmente por los países ricos que son miembros de la OCDE, junto a sus satélites, que son los principales receptores de estos flujos ilícitos. Y son los países del la OCDE, que se benefician de esta situación, quienes establecen las reglas del juego.
Sin embargo, hay pocas dudas de que una fiscalidad justa tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza. Y que quede claro: no se trata de imponer nuevas obligaciones a nadie, sino simplemente de conseguir que multinacionales y grandes fortunas dejen de hacer trampa a los países pobres. Iniciativas encaminadas a promover esta transparencia harían la vida mucho más difícil a empresas e individuos que ocultan su riqueza en paraísos fiscales, por no hablar de las multinacionales que utilizan el secreto financiero para esquivar miles de millones en impuestos en los países pobres.
La única forma realista de abordar estos problemas es hacerles frente de raíz, enfrentando de manera directa el secretismo de los paraísos fiscales y la infraestructura global que los sustenta. Un primer paso para alcanzar esta meta es identificar claramente las jurisdicciones que hacen de esta opacidad su negocio y luego clasificarlos por orden de importancia. Esto es exactamente lo que hace el Índice de Secretismo Financiero. Un primer paso, en una lucha en la que aún nos queda mucho camino por recorrer.
