ODS4. La Educación ambiental sigue siendo una asignatura pendiente de nuestro tiempo y una deuda con la infancia y la juventud

El reciente informe de Plan International Reimaginar la acción climática apuntaba que 8 de cada 10 jóvenes quiere participar en los procesos de formulación de políticas sobre el clima, pero que ni si quiera 1 de cada 10 ha podido hacerlo porque no disponen de las herramientas y los conocimientos necesarios para ello. Esta realidad supone uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Tenemos una deuda pendiente con niñas, niños y adolescentes; por eso, hoy más que nunca, debemos esforzarnos y trabajar en conjunto para garantizar una educación ambiental transformadora y que fomente la participación de los y las jóvenes.
 
Desde Plan International consideramos necesario aprender y concienciarnos sobre el efecto que nuestros hábitos y rutinas generan en el entorno que nos rodea. Se debe promover y financiar una educación transformadora y participativa, dirigida a proteger el planeta haciendo un uso responsable de los recursos naturales y que nos haga ser conscientes de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Además, incluir un componente de género en la educación ambiental es fundamental, y es que las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son las más afectadas por las consecuencias de la emergencia climática. Se estima que en 2021 hasta 4 millones de niñas de países con rentas bajas y medias-bajas no han terminado la escuela debido a eventos relacionados con el clima.
 
Dentro de los grandes desequilibrios generados por la emergencia climática, son las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes quienes tienes más riesgo de sufrir abusos contra sus derechos. La injusticia climática es aún más evidente cuando se cruzan género, edad y pobreza: las niñas de los países con menores ingresos serán quienes sufrirán los peores impactos del cambio climático. Cuando las familias y las comunidades están bajo presión, las niñas corren un mayor riesgo de tener que abandonar la escuela y sus familias acuden al matrimonio infantil como vía para subsistir, quebrantando gravemente sus derechos y poniendo en grave peligro su salud con embarazos no deseados.
 
La pasada COP26 supuso una oportunidad única para revertir esta situación y apostar por una educación transformadora que otorgase herramientas a las niñas y los niños para construir un futuro más sostenible. Sin embargo, el Programa de Trabajo de Glasgow aprobado no reconoció con la suficiente importancia el impacto del cambio climático en el derecho a la educación de las niñas, ni tampoco se incluyeron acciones clave para apoyar el acceso a una educación climática orientada a su participación activa en el diseño de políticas públicas de sostenibilidad. A pesar de nuestros esfuerzos junto a otras organizaciones de la sociedad civil, los compromisos siguen sin reconocer el poder de la educación transformadora para la igualdad de género como una herramienta fundamental para fomentar la justicia climática.
 
Si se mantienen las tendencias actuales, a partir de 2025 más de 12,5 millones de niñas podrían no completar su educación cada año, siendo el cambio climático uno de los factores que contribuya a este hecho. Esto agrandará aún más las brechas de género y socavará la capacidad de las niñas para adaptarse a los impactos climáticos, impidiendo que adquieran los conocimientos y las habilidades que las permitan acceder a medios de vida seguros.
 
La transversalidad es otra de las claves de la educación ambiental, pues abarca asuntos como la emergencia climática, los conflictos ambientales, la biodiversidad, la energía, la economía circular, el agua o la alimentación. El aprendizaje de todas estas cuestiones es un pilar básico para que las niñas, niños y jóvenes puedan afrontar un futuro cercano repleto de desafíos con las mejores herramientas para encontrar soluciones.
 
Junto a la educación, la apertura de oportunidades de participación para los jóvenes es crucial para encontrar soluciones sostenibles y duraderas que incorporen un enfoque interseccional y basado en los derechos humanos. La toma de decisiones en materia de política climática, tanto a nivel mundial como nacional, es extremadamente compleja, ya que el cambio climático es una cuestión social, económica y política que requiere una colaboración global de los distintos actores implicados; organismos internacionales, gobiernos y las empresas y la sociedad, incluida la infancia, deben trabajar juntos para encontrar soluciones. Existe una necesidad urgente de garantizar procesos inclusivos en la definición de políticas climática, dónde nadie se quede fuera, ni por edad, ni por género, ni por ámbito geográfico, de manera que todos y todas las jóvenes puedan participar e influir en las decisiones que más les afectan a ellas y a su futuro.