“Basta de utilizar la naturaleza como un retrete”. Con estas duras palabras de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, iniciaba la COP26 hace dos semanas en Glasgow, donde más de 100 líderes mundiales se han reunido para continuar con los acuerdos internacionales sobre cambio climático.
Los acuerdos incluidos en el Pacto de Clima de Glasgow (PCG) reiteran los objetivos del Acuerdo de París e introducen algunos temas nuevos: la necesidad de que las medidas de mitigación también se enfoquen en el metano y la llamada a retirar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Este último punto ha sido particularmente criticado por ONGs ambientales y otros grupos de la sociedad civil que pedían mucha más claridad y ambición en el compromiso.
Un tema que ha crecido en interés este año ha sido la mayor ambición necesaria en cuestiones de adaptación. Aumentar la financiación para este tipo de medidas es una cuestión de vida o muerte para una buena parte de la humanidad. Si bien no se ha definido un fondo de compensación de daños y pérdidas, que era la principal demanda de los países en riesgo de desaparecer y más afectados por los cambios del clima, sería posible que una decisión de ese tipo sí se de en alguna de las próximas reuniones. También se ha hablado sobre el futuro de la financiación climática más allá de 2025. Se mantiene la petición de que los países desarrollados cumplan el compromiso adquirido en 2015 y desembolsen 100 mil millones de dólares anualmente desde el 2020, algo que no ocurre todavía.
Otra de las áreas que ha quedado reforzada en la COP26 ha sido la agenda de la transición justa. Una treintena de países desarrollados acordaron, a través de la Declaración de la Transición Justa, apoyar a trabajadores, empresas y comunidades en la transición hacia una producción más sostenible, particularmente aquellos que reducen el uso de carbón. En estrecha relación con la transición justa cabe mencionar que el PCG reconoce, aunque con reservas, el concepto de justicia climática, lo que deja la puerta abierta una nueva línea de decisiones directamente vinculadas con los derechos humanos y la justicia social.
Dentro de los avances, destaca el conseguido en la definición de las reglas de funcionamiento del mercado de carbono global. De esta forma, se da un paso necesario para que los países -y las empresas- puedan compensar parcialmente sus obligaciones de reducción de emisiones a través de la compra de derechos de emisión en el mercado de carbono internacional. Estos derechos de emisión provienen del desarrollo de proyectos en otros países energías renovables, de programas de reducción de la deforestación o de otras medidas de mitigación.
Aunque la sociedad civil siempre ha estado presente en este proceso de negociación y ha alzado la voz alto y claro, la COP26 ha sido la reunión donde los reclamos de los jóvenes ha sido fundamental. En Glasgow, la juventud ha dicho basta, y con Greta Thunberg a la cabeza, ha reclamado acción climática real por parte de los gobiernos. Las redes sociales y los medios de comunicación han actuado como altavoz a estas demandas, que cada vez más, encuentra el apoyo de la ciudadanía.
Varias de las decisiones tomadas en la COP26 son relevantes para el sector fundacional y filantrópico. Y apuntamos a algunas de ellas: De acuerdo al PGC, los fondos climáticos aumentarán en los próximos años, por lo que es una oportunidad para el crecimiento del sector filantrópico en la acción climática. También la transición justa se sitúa en el centro del Pacto Emergencia Climática y Justicia social, por lo que las decisiones en esta área reforzarán y ampliarán el espacio de trabajo del sector fundacional interesado en esta cuestión.
Por otra parte, el mecanismo de mercado de emisiones global puede ser interesante para cumplir con los compromisos de neutralidad climática del sector fundacional. Además, los proyectos desarrollados con los fondos de los programas de compensación, pueden ser una oportunidad para integrar la misión del sector fundacional en la acción climática, de manera que los proyectos de desarrollen de forma no sólo eficiente sino también de forma inclusiva.
Si algo caracteriza al sector fundacional es la colaboración. El nuevo programa de trabajo de Acción para el Empoderamiento Climático (ACE por sus siglas en inglés) reconoce el rol esencial de un sector importante de las fundaciones, como son aquellas vinculadas a las instituciones culturales, las que trabajan con juventud o con el sector educacional. Además, introduce de manera mucho más definida la necesidad de avanzar en la equidad de género y en el empoderamiento de las mujeres dentro de la agenda climática. En este sentido, el ACE puede convertirse en un espacio de reconocimiento, acceso a recursos y trabajo conjunto para el sector fundacional en la agenda de cambio climático.
Como hemos visto en Glasgow, la ciudadanía está llamada a convertirse en vigilante de la acción climática comprometida y realmente impulsada por los gobiernos y las instituciones. El trabajo de las fundaciones con diferentes grupos de la sociedad civil en la agenda climática es aún más necesario. Una sociedad civil, informada, formada y sensibilizada ante la emergencia climática y la justicia social es clave para acelerar el paso de reducción de emisiones y asegurar un futuro climáticamente seguro para todos.
