El sector de los cuidados se encuentra en una encrucijada de difícil solución, donde los viejos ‘síntomas’, sobradamente diagnosticados, se cronifican sin hallar una ‘cura’ por parte de las administraciones, mientras surgen nuevas ‘dolencias’ sin que exista aún una ‘receta’ eficaz para poner fin a una situación alarmante que llevamos años, muchos años, denunciando desde el Círculo Empresarial de la Atención a las Personas.
Podemos decirlo más alto, pero no más claro. Con una infrafinanciación crónica que hace tambalear todo el sistema; con un déficit persistente de profesionales que ahoga a los centros y servicios de los cuidados, en especial a los del medio rural, y con una población cada vez más envejecida y longeva, nuestro sistema de cuidados está al borde del colapso.
Sin una inyección financiera significativa, no podemos mejorar ni mantener los servicios que ya existen, y mucho menos expandirlos para satisfacer la creciente demanda. Y sin profesionales cualificados que atiendan a las personas mayores y/o personas en situación de dependencia, simplemente no hay cuidados.
Son los dos grandes males a los que nos enfrentamos y, para colmo, los requisitos y exigencias de calidad impuestas por las administraciones, y autoimpuestas por el propio sector, siguen aumentando, mientras que las respuestas del Gobierno son, en el mejor de los casos, inadecuadas y, en el peor, inexistentes.
Frustra ver cómo nuestras ya históricas reivindicaciones caen en saco roto, pero más frustra ver la sangrante falta de diálogo y cooperación por parte de un Gobierno que no solo no escucha, ni se digna a convocarnos a las múltiples reuniones solicitadas, sino que legisla a espaldas de todo el sector, de las empresas, de los profesionales, de las personas mayores, de las personas en situación de dependencia y de sus familias.
A las pruebas me remito. Primero fue el Acuerdo Belarra. Ahora, la Estrategia de Cuidados del ministro Pablo Bustinduy. Vaya por delante que CEAPs no se niega, nunca lo ha hecho, a introducir cambios. Llevamos años hablando de que vivimos inmersos en la auténtica revolución de los cuidados, pero esa transformación no puede hacerse a base de parches, y mucho menos cuando la generación del Baby Boom está llamando a la puerta del sistema, aumentando la presión sobre unos cimientos que se tambalean.
Somos unos defensores a ultranza del derecho de todas las personas a elegir dónde y cómo quieren vivir, y dónde y cómo quieren ser cuidados, pero sabemos que una estrategia de cuidados que nace con la intención de conceder cinco horas a la semana de cuidados no solo es insuficiente, sino insultante.
Las matemáticas no engañan. Ni siquiera es una hora al día para una persona que necesita ayuda para realizar varias actividades de su vida diaria. ¿Eso es estar bien atendida, señor ministro? Con esta estrategia de los cuidados, serán de nuevos sus familiares, especialmente las mujeres, sobre quienes recaiga el cuidado las 24 horas al día, los 365 días del año. Para poner en marcha la Estrategia Nacional de los Cuidados se requieren recursos y dinero. Recursos existen; dinero por parte de las administraciones, no.
Hemos solicitado al Ministerio, en múltiples ocasiones y sin éxito, una reunión para hacerle llegar nuestras soluciones; soluciones que pasan por impulsar las Plataformas de Servicios, o lo que es lo mismo abrir los servicios que ofrecen las residencias a los vecinos del entorno. Desde ellas se puede prestar ayuda a domicilio; servicios complementarios como comedor, catering, lavandería,
peluquería, podología, e incluso el servicio de rehabilitación y terapia ocupacional. La persona continuaría residiendo donde quiere, en su casa, pero recibiría los cuidados profesionales que requiere.
Junto a esto, reclamamos la puesta en marcha de un procedimiento exprés para atender los casos de extrema vulnerabilidad o dependencia sobrevenida; que se limen las listas de espera y se erradique el ‘limbo’ de la Dependencia; que se depuren las abrumadoras desigualdades que existen entre las autonomías, y que se garantice que todas las personas que viven en una residencia tengan el derecho universal a ser atendido por un médico de Atención Primaria.
Y, además, que se elimine la injusticia social que impide que todas las personas que viven en residencias acuden a centros de día o reciben cuidados en su domicilio paguen el mismo tipo de IVA por el mismo servicio.
Ignorar todas estas demandas es una falta de respeto hacia las personas y deja a un sector, que emplea a más de 400.000 personas en España y que cuida hoy a nuestros padres y abuelos, en una
situación crítica. Mañana, este sector será el que nos atienda a nosotros mismos. Mientras a los políticos se les acaba el tiempo de actuar, nosotros seguiremos cuidando de las personas hoy y mañana, de la mano de organizaciones como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
