Así lo han reconocido instituciones como el Foro Económico Mundial que, en este sentido, pone en valor el avance de las mujeres, además de cómo una cuestión de derechos, como un asunto económico, empresarial y social, y afirma que el elemento más importante de la competitividad de un país es su talento humano (las habilidades, educación y productividad de su fuerza de trabajo), y las mujeres suponen la mitad de este talento potencial en todo el mundo.
Por tanto, la competitividad de una nación necesita de la educación y el talento femenino. En este marco, para maximizar su competitividad y potencial desarrollo, cada país debe incluir entre sus objetivos políticos y de progreso la igualdad de género.
Sin embargo, las estructuras de poder continúan, mayoritariamente, en manos de los hombres, por lo que las mujeres siguen estando fuera de los espacios de toma de decisiones económicas y de diseño de las políticas financieras, fiscales, monetarias y comerciales, así como de los pactos sociales que regulan las relaciones laborales y el empleo.
Y en este sentido, creo que es fundamental que la igualdad entre mujeres y hombres se incorpore plenamente a los valores que forman parte de la responsabilidad social de las empresas. Con ello, se convierten también en protagonistas de un cambio necesario y del que serán beneficiarias, erradicando los prejuicios ancestrales sobre el desempeño laboral y profesional de las mujeres y contribuyendo a unas relaciones laborales más justas.
La integración de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas significa establecer nuevas estrategias de organización y de gestión de los recursos humanos: la flexibilidad horaria, la superación de la cultural presencial, la equidad en la promoción, el reconocimiento del mismo salario por trabajo de igual valor, el respeto y cumplimiento de los derechos laborales por responsabilidades familiares a ambos sexos, una publicidad no discriminatoria… Son cuestiones que preocupan y ocupan cada vez más a las organizaciones empresariales. Esto se debe principalmente a dos motivos, por un lado, los avances legislativos impulsados tanto por la Unión Europea como por el Estado Español en materia de igualdad y, por otro, los cambios en el mercado de trabajo que exigen nuevas formas de actuación para garantizar la competitividad y la calidad en la producción de bienes y servicios.
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