A seis meses de vigencia de la Reforma Laboral (Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral), se pueden observar las nefastas consecuencias que dicha norma está teniendo: menos negociación de convenios, menos cobertura, más paro, más temporalidad, rotación y precariedad, más expedientes de regulación de empleo con más despidos y más número de trabajadores y trabajadoras afectadas, más conflictividad laboral y judicial.
Este nuevo escenario, como ya hemos venido alertando desde CCOO, está suponiendo una grave y creciente destrucción de empleo estable que va a desaparecer para siempre y, en el mejor de los casos, será sustituido por empleo temporal y precario.
Esto está generando, por un lado, un aumento de la conflictividad social y, por otro, un incremento de las impugnaciones de los despidos ante la Jurisdicción Social al haberse retirado la autorización y el control de la Administración. Estos pleitos, hasta el momento del cambio normativo, eran prácticamente inexistentes. Cada día son más las sentencias de los Juzgados de lo Social, Audiencias y Tribunales Superiores que están dando la razón a los trabajadores.
Estas sentencias, entre otras cuestiones, ponen de manifiesto que nunca puede ser causa de despido la maximización del beneficio económico de la empresa, como que este tampoco se justifica cuando el único interés empresarial es la reducción de costes fijos por variables, mediante la sustitución de empleo fijo por trabajadores temporales o por empleo deslocalizado. Así mismo, los citados fallos establecen el alcance del deber de documentación del despido por causas económicas -pérdidas previstas- y por causas organizativas y productivas, considerando que su incumplimiento genera la nulidad de los despidos.
Desde CCOO seguimos apostando, tal y como acordamos con la CEOE en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC) y siempre que sea posible, por una apuesta decidida por la flexibilidad interna negociada en las empresas, incentivando la suspensión temporal del contrato y la reducción de la jornada.
En un contexto de grave crisis económica, el aumento de los precios está dejando al descubierto el nulo control sobre la inflación por parte del Gobierno y la falta de implicación de las organizaciones empresariales en el compromiso de contención de los precios, también acordado en el II AENC e incumplido por las organizaciones empresariales y por las políticas decretadas por el Gobierno.
El mantenimiento de la inflación en un contexto de recesión económica perjudica especialmente a la mayoría de la sociedad. El incremento del IVA, de las tarifas de los servicios básicos y del precio de los medicamentos empobrece una parte importante de la población y son inútiles para incrementar la competitividad.
Tal como se recoge en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, sigue siendo necesaria una política de regulación y control de precios. La desfavorable evolución de los precios españoles perjudica gravemente a los productos españoles y avanza la destrucción del empleo.
Efecto negativo de la Reforma Laboral es el retraso de la negociación colectiva en 2012 y la disminución del incremento salarial pactado en cómputo global. La prevalencia absoluta del convenio de empresa, como santifica la Reforma Laboral, desincentiva el convenio sectorial estatal y/o autonómico y obstaculiza la articulación de las relaciones laborales en el conjunto del estado.
La Reforma Laboral impide el desarrollo de un tejido productivo eficiente, incentiva y protege las conductas más negativas de los sectores empresariales frente a las de innovación y desarrollo tecnológico a través de la reinversión del excedente. La apuesta del Gobierno, apoyada por la CEOE, propicia un modelo productivo de escaso valor añadido y una distribución de la renta más precaria, contrariamente a lo acordado en el II AENC.
En resumen, la Ley de Reforma Laboral impuesta por el Gobierno del PP supone una gravísima involución de los derechos laborales, una involución de nuestro modo de vivir. Con la Reforma Laboral se acomete una fuerte devaluación salarial por la vía de la amputación de la negociación colectiva y, por tanto, de la individualización del trabajador frente al empresario. Además, se impulsa un drástico ajuste de plantillas y una efectiva sumisión del trabajador, ya precarizado en cuanto a salario y prestaciones sociales, se potencia el desempleo masivo bajo la amenaza del despido libre y la escasa indemnización y se empeoran las condiciones laborales, sobre todo para los contratos claves que afectan a los jóvenes y a las mujeres.
La Reforma Laboral impuesta por el PP significa un abuso del poder ejecutivo que incrementa el poder empresarial y ataca el cuadro institucional del Derecho del Trabajo. La negociación colectiva deja de ser reconocible como tal: pierde su capacidad para ordenar con eficacia las condiciones de trabajo y para garantizar los derechos laborales. El Gobierno atenta gravemente a un derecho fundamental, principal pilar de un sistema democrático de las relaciones laborales.
CCOO enfrentará el reto de revertir la orientación de estas reformas desde la propia negociación colectiva.
