En 2011 se han producido diversos acontecimientos de especial importancia en materia de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), en los que la actuación del Gobierno de España ha jugado un papel destacado.
Hay dos actuaciones que sobresalen sobre todas las demás. Primera, la que corresponde a la incorporación del concepto de RSE en una norma tan importante como es la Ley de economía sostenible, aprobada en marzo de 2011, y en la que se establece qué deben hacer los poderes públicos para el fomento de la RSE.
En esta Ley se definen los objetivos que deben perseguir las prácticas socialmente responsables de las empresas, pero también de otras entidades privadas y públicas, estableciendo que las grandes empresas, de más de 1.000 asalariados, deben informar al Consejo Estatal de RSE (CERSE) sobre que hacen en materia de responsabilidad social, para que dicho Consejo evalúe el nivel de implantación de la RSE en España.
Se recoge que las empresas que voluntariamente lo soliciten pueden ser reconocidas como socialmente responsables, siempre que cumplan con unas condiciones que debe acordar el CERSE.
Se establece que reglamentariamente se desarrollaran las condiciones para la difusión de la información sobre uso de criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en la política de inversión de los fondos de pensiones, concretándose esta materia en una disposición de la ley 27/2011, de 1 de agosto, que ha modificado la Ley que regula los planes y fondos de pensiones.
Además, se incorpora la obligatoriedad de emitir informes anuales de gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad por parte de las empresas públicas.
El segundo elemento a destacar, es la aprobación en el Pleno del CERSE celebrado en el mes de mayo de los documentos que elaboraron cinco grupos de trabajo del Consejo. Estos documentos establecen propuestas en materias como los informes de RSE y su comunicación, el consumo y la inversión socialmente responsable, la educación, la diversidad y la cooperación.
El valor de estos documentos lo tiene no solo por las propuestas que se realizan, sino porque son el resultado del acuerdo conseguido después de un intenso y largo debate de las diversas partes que forman el Consejo.
Este último aspecto, el del acuerdo entre partes diferentes, es muy importante, ya que en los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, no es fácil encontrar el acuerdo entre las diversas partes interesadas sobre el concepto RSE. Solo hay que ver que la nueva Comunicación de la Comisión Europea en materia de RSE, se ha producido en octubre de 2011, cinco años después de la anterior, y cuando se presentó el 10 de noviembre en el Grupo de Alto Nivel de RSE de la Comisión Europea, algunos países y grupos de interés, manifestaban alguna disconformidad, unos porque se queda corta y otros porque va lejos. Por lo tanto, felicitemos a nuestro CERSE porque aunque haya tardado año y medio, al final ha aprobado una serie de documentos en materia de RSE con gran nivel de acuerdo.
Ahora queda poner en práctica los establecido en la Ley de economía sostenible y lo acordado y lo que aún queda por acordar en el CERSE, y esto es un trabajo de todas las partes que conforman el Consejo, pero muy especialmente del Gobierno que salga de las elecciones generales de 2011.
