En la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han emergido como una herramienta clave para promover una movilidad sostenible. Estas áreas restringen la entrada en determinadas zonas de la ciudad de medios de transporte altamente contaminantes y fomentan el uso de alternativas más limpias y eficientes, incentivando así el uso del transporte público, vehículos eléctricos, bicicletas y la peatonalización.
El debate sobre la implantación de estas medidas ha llegado en un momento crítico para la salud pública. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), se estima que en España mueren al año más de 20.000 personas de forma prematura a causa de la mala calidad del aire, y el actual modelo de movilidad y transporte es una de las principales fuentes de contaminación en las grandes poblaciones, aunque no la única, entorno en el cual reside en Europa más del 40% de la población.
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de implementar acciones inmediatas y efectivas a nivel local que palien las consecuencias de estas emisiones contaminantes que, además de gases como el dióxido de carbono, incluyen el ruido, que excede los niveles recomendables en el centro de muchas ciudades españolas.
En este sentido, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya obligaba a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a adoptar planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), incluyendo el establecimiento de ZBE, antes de 2023. Aunque esta ley no fue muy explícita, posteriormente, en diciembre de 2022, el Real Decreto 1052/2022 ha definido mejor cómo deben ser estas ZBE y todos los aspectos relativos a su gestión.
Sin embargo, en este momento, según los datos manejados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tan solo 30 de las 149 ciudades afectadas por la ley, un 20%, cuentan con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) vigentes, entre las que destacan especialmente Madrid y Barcelona.
Resulta difícil entender que el 80% de los ayuntamientos obligados a implementar este tipo de medidas no hayan sido capaces de poner en marcha unos PMUS para los cuales hay ayudas disponibles, tanto a nivel europeo como nacional, desde antes del año 2006. De hecho, una de las conclusiones principales del Observatorio de Zonas de Bajas Emisiones puesto en marcha en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) es, precisamente, la viabilidad de las ZBE en cualquier tipo de población, siempre y cuando se consideren adecuadamente las características particulares de cada entramado urbano y desarrollo de la movilidad. Es decir, no hay motivo para no trabajar en la implantación de planes sostenibles que generen un impacto positivo.
Asimismo, las inversiones necesarias para desplegar unas Zonas de Bajas Emisiones realmente eficientes están entre los 45 y los 55 euros por habitante, siempre y cuando se consideran todas las inversiones necesarias, por lo que, repartidas en periodos de 2 a 8 años podrían tener un retorno total o parcial a través de los ingresos generados por medidas como el estacionamiento regulado, las denuncias realizadas a los infractores, o a través de sistemas de colaboración público-privada.
La adaptación de los municipios a las nuevas formas de movilidad sostenible es esencial para garantizar el éxito de las ZBE y, además, permite obtener otros beneficios de tipo económico, social y ambiental. Para ello, los ayuntamientos deben realizar una planificación inteligente que, partiendo de un estudio de sus necesidades de movilidad, tenga en cuenta la infraestructura necesaria, actúe de una forma eficaz sobre el sistema de transporte público y establezca sistemas de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las ZBE, con el objetivo de ajustar y mejorar las actuaciones y medidas a lo largo del tiempo.
Las ZBE ya implantadas en Madrid y Barcelona, que pueden ser consideradas como referencias internacionales en este ámbito, han logrado reducir la contaminación atmosférica, ayudando a cumplir la directiva europea de calidad del aire en estas ciudades. Sin embargo, a día de hoy no existe una sola ZBE donde se esté demostrando un impacto positivo sobre las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
En este crucial momento para la salud pública y el medio ambiente, la adopción efectiva de Zonas de Bajas Emisiones no solo es una obligación legal, sino una oportunidad transformadora para construir unas ciudades más saludables y respetuosas con el entorno, buscando soluciones sostenibles que contribuyan a un futuro más limpio y habitable para todos.
Consulta más información responsable en las publicaciones Corresponsables.
