No hay peor ladrón que la pobreza. No solo despoja de lo fundamental: la dignidad, la libertad de elegir, las oportunidades y una perspectiva de futuro, sino que roba el acceso a derechos básicos como la educación, el acceso a la salud y la vivienda para el resguardo personal y familiar.
Esta condición, que impide la satisfacción de las necesidades básicas de 209 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe -22 millones más que en el 2019- se ensaña particularmente con niños, niñas y adolescentes, y especialmente con los afrodescendientes e indígenas, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
El género es también un factor determinante. La cuota de hogares pobres encabezados por mujeres es mayor y sus hijos e hijas son particularmente vulnerables. Para las niñas, la pobreza exacerba los riesgos de violencia, abuso y explotación. Y en este contexto, el matrimonio infantil y el embarazo adolescente las golpean a ellas con más fuerza. Cada año, 12 millones de niñas se casan ante de cumplir los 18 años, en todo el mundo. Son 22 niñas que se casan cada minuto y cuya niñez, sueños y educación son interrumpidos.
Aunque algunos países de Latinoamérica y el Caribe tienen legislación para prevenir el matrimonio infantil, las uniones de hecho entre niñas y adultos aumentan en el marco de una pandemia que empobreció a millones de familias, sumado a factores culturales que normalizan este tipo de violencia. Ello, junto al acceso nulo o limitado a educación sexual y reproductiva deriva en millones de niñas y adolescentes embarazadas. Centroamérica y el Caribe registran una tasa de 71,8 embarazos por cada 1000 adolescentes, la segunda tasa más alta a nivel mundial, solo detrás de África.
Este círculo perpetúa la pobreza. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, una madre adolescente tiene un ingreso 63% menor que las de las mujeres sin hijos. Y no es de extrañar, la brecha de escolaridad de una madre adolescente respecto a jóvenes de la misma edad sin hijos es de tres años.
Desde World Vision, nos asociamos con líderes de fe, niños y niñas y autoridades locales para implementar leyes y cambios sociales que impidan el matrimonio infantil y prevengan los embarazos adolescentes. Para ello, empoderamos a las niñas y niños para reportar los casos, y mediante nuestros programas de patrocinio, contribuimos a atender las causas raíz, asegurando que las niñas puedan asistir a la escuela y que sus padres y madres tengan medios de vida suficientes para el cuidado de sus hijos.
El matrimonio infantil constituye una violación a los derechos de las niñas y esto requiere de una respuesta robusta. Por ello, le invitamos a trabajar conjuntamente para asegurar que se prohíba el matrimonio de menores de 18 años; asegurar el acceso y remover barreras a una educación segura y apropiada para las niñas, especialmente para aquellas en contextos frágiles y de conflicto; y empoderar a las niñas a través del conocimiento y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para tomar decisiones informadas.
Para más información sobre matrimonio infantil, pinchar aquí.
