En marzo de 2018, apoyándose en las conclusiones del informe del Grupo de Expertos Independientes de Alto Nivel en Finanzas Sostenibles (High level expert group in Sustainable Finance), la Comisión Europea publicó un Plan de Acción con el fin de integrar totalmente las finanzas sostenibles en el núcleo del sistema financiero de la Unión Europea. El término «finanzas sostenibles» se refiere al proceso de tener debidamente en cuenta las cuestiones ambientales y sociales en las decisiones de inversión.
El objetivo de esta iniciativa es abordar los compromisos climáticos (Acuerdo de París), los de desarrollo sostenible (recogidos en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, suscritos por la Unión Europea), los desafíos medio ambientales y los riesgos de sostenibilidad, desde una perspectiva económica y financiera a largo plazo.
El Plan de Acción se sustenta sobre tres pilares trasversales: reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible, la integración de la sostenibilidad en la gestión de riesgos y el fomento de la transparencia y la inversión a largo plazo. Estos pilares se articulan en diez actuaciones específicas que se pondrán en marcha entre 2018 y 2020. De las cuales vamos a profundizar en aquellas orientadas a involucrar a los ciudadanos e inversores individuales en el desarrollo de un sistema financiero sostenible.
En primer lugar, el Plan de Acción pretende unificar todas las clasificaciones, definiciones y términos utilizados en las actividades y finanzas sostenibles, con el objetivo de crear un marco de clasificación común que aporte seguridad y estabilidad. A raíz de esta se fomentará la creación de normas y etiquetas para productos financieros, con el fin de proteger la integridad de los mercados financieros sostenibles y la confianza en ellos. Estas etiquetas son especialmente útiles para los inversores y ahorradores particulares que deseen expresar sus preferencias de inversión, ya que, en la actualidad, estos inversores representan el 26% del total de las inversiones sostenibles a escala mundial (según el último informe de la Global Sustainable Investment Alliance).
Las encuestas manejadas por la Comisión Europea indican que este tipo de inversor tiene en cuenta, cada vez más, en sus inversiones, las consideraciones climáticas, ambientales y sociales. Sin embargo, la falta de un marco de productos sostenibles común hace que en muchas ocasiones sus fondos no se canalicen hacia inversiones sostenibles. Además, con el objetivo de implicar a los inversores y ahorradores particulares, la Comisión Europea modificará MiFID II y la Directiva sobre distribución de seguros, debido a que las empresas de servicios de inversión y distribuidores de seguros tienen un papel fundamental a la hora de reorientar los fondos de sus clientes hacía la inversión sostenible.
En segundo lugar, la Comisión Europea pretende establecer obligaciones a los inversores institucionales y gestores de activos, con respecto a la sostenibilidad, aumentando de esta manera la transparencia de cara a los inversores finales, sobre la manera en que integran estos factores en sus decisiones de inversión. Ya que, los inversores, en la actualidad, no tienen suficientemente en cuenta el impacto de los riesgos de sostenibilidad a la hora de evaluar el rendimiento de sus inversiones a largo plazo.
Por último, de cara a que los inversores tengan información transparente y de calidad sobre la sostenibilidad de las entidades donde invierten, se va a mejorar la integración de la sostenibilidad en los ratings crediticios, los estudios de mercado y los proveedores de índices bursátiles. Estos últimos han ido desarrollando parámetros de referencia ambiental y social para reflejar los objetivos de sostenibilidad, pero necesitan métodos transparentes y solidos a fin de reducir el riesgo de “greenwashing” y aumentar su fiabilidad de cara a los inversores particulares.
En resumen, la Comisión Europea ha elaborado un ambicioso Plan de Acción, el cual va a ser fundamental a la hora de desarrollar un sector financiero sostenible que incluya a los a los inversores particulares en la transición a una economía de bajo carbono y el desarrollo sostenible. Esta iniciativa va a dar un gran impulso a la inversión sostenible y responsable, más aún en países que no tienen una normativa desarrollada al respecto como es el caso de España.
*Contenido publicado originalmente en la Revista Corresponsables 53
