La empresa, en su doble faceta de empleador y de proveedor de servicios y productos, juega un papel clave en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad. La exclusión y discriminación de este sector social ha sido principalmente consecuencia de su invisibilidad ante gobernantes, empresarios, y en general ante otros miembros de la sociedad que han ignorado e incluso minusvalorado su dignidad y con ello sus necesidades como votantes, alumnas o alumnos, consumidores o consumidoras, etc.
¿Por qué si no un hostelero invertiría en un restaurante al que no puedieran acceder clientes en silla de ruedas acompañados probablemente de su familia y amigos? ¿Por qué se ignorarían los criterios de Diseño para Todos que incrementan exponencialemente el número potencial de consumidores? -pensemos por ejemplo en los grifos monomando, inicialmente diseñados para personas con movilidad reducida y utilizados masivamente en la actualidad-. Solo como consumidores en España, podemos estar hablando de más de cuatro millones de personas y este número se puede, como mínimo, doblar si además incluimos a sus familias.
La incorporación de políticas que favorezcan la inclusión y respeten la diversidad y los derechos humanos producen retornos altamente positivos. A nivel interno, puede significar un mejor aprovechamiento del talento y externamente, supondrá además alcanzar un segmento de mercado con necesidades insatisfechas y generando además efectos beneficiosos en la reputación corporativa y la imagen de marca. Afortunadamente las alianzas entre el sector de la discapacidad, el sector privado y las administraciones públicas han hecho que muchas empresas hayan ido incorporando políticas socialmente responsables con los derechos de las personas con discapacidad. Desde el movimiento asociativo se recibe con gratitud este compromiso y entendemos que es preciso reconocer públicamente a estas empresas, más aún en un momento como el actual en el que la RSC puede suponer un valor diferencial frente a los consumidores.
Llegado este momento, el sector de la discapacidad aglutinado en torno al CERMI lanzará antes de finalizar este año un sello o etiqueta
social que acredite públicamente la implementación de estrategias empresariales inclusivas en el ámbito de la discapacidad. Los principales objetivos de este proyecto son por un lado el de poner en valor el trabajo de las empresas con un alto compromiso social para gestionar la diversidad y por otro, dar respuesta tanto a las administraciones públicas como a los propios consumidores a la hora de identificar aquellas entidades que contribuyen a crear sociedades más justas y sostenibles.
A través de una auditoría sobre criterios de estrategia empresarial, accesibilidad y orientación al cliente, comunicación, acción
social, gestión de recursos humanos y política de compras, se obtendrá una puntuación que permitirá a las empresas acreditarse como socialmente responsables con las personas con discapacidad.
El ámbito de los recursos humanos es uno de los aspectos determinantes en el proceso de análisis de las entidades. El respeto por la diversidad en las políticas de gestión de personas supone más de un tercio del total de puntuación posible. Del cumplimiento de la obligación de reserva de puestos para trabajadores con discapacidad regulado por ley dependerá que sea posible obtener el sello en cualquiera de sus niveles. En este sentido el sello será una garantía de cumplimiento de esta obligación, lo que podrá ponerse en valor en las relaciones con clientes, frente a competidores o en procesos de contratación pública en los que es necesario cumplir estrictamente la ley.
Hace falta que la empresa diseñe para todos, que apueste por la innovación para alcanzar la igualdad de oportunidades y que se comprometa a no discriminar en su papel de empleador. Es un buen momento para poner en marcha mecanismos de diferenciación empresarial y el sector de la discapacidad está dispuesto a respaldar a todos aquellos que desarrollan su actividad de forma responsable con las personas con discapacidad.
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