El cambio climático es posiblemente el mayor reto ambiental al que nos enfrentamos en este siglo, tanto por su dimensión global, como por sus implicaciones, no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel social y económico.
Son numerosos los esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel mundial para conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, en un camino iniciado en la década de los 90 con la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, de cuya actividad surgieron los dos grandes acuerdos en relación al cambio climático: el Protocolo de Kioto (acordado en 1997 pero que no entró en vigor hasta el 2005) y el Acuerdo de París en 2015.
A partir de este último acuerdo, el desempeño para alcanzar la neutralidad en carbono se ha visto intensificado y la Unión Europea se ha comprometido a lograr dicha neutralidad en 2050 fijándose para ello un objetivo neto de reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en el año 2030 de al menos un 55% respecto a los niveles de 1990.
En esta línea, la Unión Europea presentó en 2021 un amplio paquete de medidas legislativas llamado Fit for 55 que incluye, por ejemplo, la modificación de la Directiva que regula el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), proponiendo límites de emisión más estrictos para la industria, así como la inclusión de nuevos sectores como el marítimo, la edificación y el transporte por carretera, lo cual hará subir todavía más el precio del CO2, o la creación de una tasa al carbono en frontera para evitar las deslocalizaciones de empresas a países con reglas medioambientales más laxas.
España, como parte de la UE, tiene la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos, por lo que debe desarrollar políticas y normativas que permitan alcanzar la neutralidad climática en 2050. Dentro de este marco cabe mencionar la aprobación reciente de instrumentos como la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, o la Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética que va a exigir el cálculo de la huella de carbono, así como la elaboración de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a determinadas empresas.
Para el cumplimiento de los objetivos climáticos de España, las comunidades y ciudades autónomas van a tener un papel fundamental puesto que tienen competencias transferidas en sectores clave como urbanismo y vivienda, transporte o agricultura. Actualmente solo cuatro CCAA disponen de leyes específicas sobre cambio climático (Andalucía, Cataluña, las Islas Baleares y Navarra), mientras que las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, ya han aprobado sus anteproyectos y otras regiones como el País Vasco, Aragón, Galicia y La Rioja trabajan en sus borradores.
Cada una de estas leyes presentan diferentes elementos y medidas específicas con un objetivo común de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en cada uno de los territorios. Y dichas medidas van a tener un impacto indudable sobre las empresas allí ubicadas, teniendo que calcular la huella de carbono de sus organizaciones e implementar actuaciones dirigidas a la descarbonización.
Asimismo, algunas Comunidades Autónomas van a promover la adopción de medidas adicionales de carácter voluntario favoreciendo a aquellas empresas que las implementen. Tenemos como ejemplo el caso de Andalucía, donde solo aquellas empresas que calculen y registren la huella de carbono de sus productos y servicios van a poder participar en determinadas licitaciones.
El entendimiento de los riesgos asociados al cambio climático y la transformación del actual modelo productivo son por tanto una prioridad. Las organizaciones deberán tenerlo muy en cuenta a la hora de diseñar sus estrategias de actuación ante los grandes retos que se plantean y el aluvión de normativa que está todavía por llegar.
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Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Día del Medio Ambiente
