También reconocía que ha habido avances significativos por parte de Gobiernos y de empresas pero insistía también, como un jarro de agua fría entre los que le escuchábamos, que el éxito es aún demasiado modesto. Todavía hay empresas que eluden sus responsabilidades y gobiernos que encubren, o incluso, alientan estos abusos.
Es cierto que los tiempos están cambiando, como decía muy bien una canción de Bob Dylan: dos años después del incendio de la fábrica Tazreen y un año después de la tragedia del Rana Plaza, la iniciativa Accord Bangladesh ha impulsado de manera acelerada la transparencia en la industria textil haciendo públicos los informes de las inspecciones realizadas en las fábricas; este año, Coca-Cola y Pepsi se han comprometido con políticas de tolerancia cero en relación al acaparamiento de tierras que tantos problemas está generando en países del sud; la UE está a punto de restringir las exportaciones de tecnologías de vigilancia spyware debido a los problemas de derechos humanos que han generado en regímenes dictatoriales; y la legislación de los Estados Unidos sobre minerales de conflicto ha llevado a una caída del 65 por ciento de las ganancias de los grupos armados que se lucraban con este comercio.
Casi todo el mundo está de acuerdo en que los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos han conseguido, desde que fueran aprobados ahora hace poco más de 3 años, una universalización de esta cuestión en un tiempo récord pero no es menos importante insistir en el hecho de que si los gobiernos y las empresas no los implementan de manera efectiva, no se va a poder avanzar en este terreno, como decía Ruggie muy acertadamente «como por arte de magia».
Es necesario que las empresas integren los Principios Rectores en su gestión poniendo, por ejemplo, en marcha procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y que los gobiernos desarrollen planes nacionales que potencien la coherencia de políticas y apoyen a sus empresas de manera decidida en este terreno. El Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, pendiente de aprobación en nuestro país, clarificaría significativamente lo que se espera de las empresas, apoyaría a las pymes en esta tarea y facilitaría al conjunto del sector emrpesarial herramientas e información específica para hacer efectivo su compromiso de manera más asequible y homogénea.
El Plan Nacional pretende también poner a las empresas españolas en igualdad de condiciones respecto de las empresas que ya cuentan con planes nacionales en su países de origen como, por ejemplo, el Reino Unido, los Países Bajos o Finlandia. Esto es cuanto más importante en vísperas de la entrada en vigor de la nueva directiva europea sobre transparencia de información no financiera que muestra claramente una dirección de la Unión Europea hacia la consecución de más avances en este terreno.
Algunas empresas están empezando a integrar los Principios Rectores en su gestión pero con resultados aún desiguales a nivel sectorial y por países. Algunos sectores, como el extractivo y el textil, pueden ser algunos de los más activos por haber estado en el punto de mira de las ONG pero otros, como por ejemplo, la agricultura adolece todavía de profundas grietas en su cumplimiento. También parece que algunos temas puedan ser de más fácil integración por parte de las empresas pero es cada vez más patente que las grandes novedades que introdujeron los Principios Rectores, como por ejemplo los procesos de debida diligencia o los mecanismos de reclamación, son en muchos casos objeto de largos y dilatados procesos en las grandes empresas globales con operaciones en un número elevado de países y con una larga lista de proveedors.
La puesta en marcha de proyectos piloto de acuerdo a una primera evaluación de riesgo y de impacto en derechos humanos pueden ser elementos clave a tener en cuenta para empezar procesos de este tipo. No olvidemos que lo más difícil es empezar. En un reciente taller con pymes europeas en Bruselas, muchas de ellas confesaron sentirse literalmente paralizadas por la magnitud del cambio que implicaba la implementación de los Principios Rectores en su empresa. Sin embargo, esta paralización se vence dimensionando correctamente las acciones a emprender, actuando por fases y priorizando aquellos aspectos más relevantes para la empresa teniendo en cuenta un análisis de riesgos básico.
En cualquier caso, el seguimiento de las empresas españolas respecto de los Principios Rectores es aún muy deficiente en términos absolutos. Muchas de ellas desconocen, sin embargo, que no pueden permitirse el lujo de quedarse al margen de este movimiento si quieren competir de igual a igual en el mercado internacional. Y es necesario insistir en que esta cuestión es actualmente de igual importancia para la pymes que para las grandes empresas globales españolas. Efectivamente, las pymes están a menudo integradas en las grandes cadenas de suministro de grandes empresas comprometidas con estos principios por lo que son empujadas a cubrir estas cuestiones. Desde un punto de vista de oportunidad, también puede ser una ventaja competitiva importante.
Recientemente, en una sesión con pymes españolas, escuché a una de ellas explicar cómo había conseguido una licitación internacional para desarrollar un proyecto con un importante presupeusto porque era la única candidata que estaba adherida al Pacto Mundial. Las Pymes tienen esa responsabilidad, que yo llamaría intuitiva, que es además mucho más rápida y flexible. El reto es conseguir llegar hasta ellas desde la complicidad y la búsqueda de la excelencia y la competitividad internacional.
Por lo tanto, hay cada vez más elementos que nos hacen pensar en que este es un tema que va a marcar la competitividad de nuestras empresas y nuestra imagen de marca en un futuro muy cercano. El compromiso con los derechos humanos es de suma relevancia si se considera que el riesgo para la reputación de una empresa es, actualmente, especialmente sensible a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
Los consumidores, los empleados, los accionistas, la opinión pública en general, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, los inversores públicos y privados, los índices bursátiles de sostenibilidad reclaman cada vez más a la empresa que construya su legitimidad, identidad y responsabilidad sobre la base del respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo en lo que a sus operaciones en el exterior se refiere. La llamada «licencia social» para operar es una realidad y los costes económicos que acarrea el no contemplar esta perspectiva son notorios. ¡La pérdida de valor de la acción de Apple durante los 15 días en los que se produjeron los suicidos en Foxconn fue de 49 mil millones de dólares!
Es, a menudo, difícil tener bajo control todo lo que sucede en nuestra cadena de suministro o en nuestras relaciones comerciales pero esa complejidad no puede ser una excusa para permanecer inactivos. Es indudable el éxito de los Principios Rectores en un periodo de tiempo muy corto y no parece que, de momento, la discusión sobre un tratado vinculante para empresas vaya a difuminar su impronta.
La elaboración de un tratado en el seno de Naciones Unidas es un proceso extremadamente largo y complejo. Sin embargo, el recorrido que puedan tener estos Principios en los próximos años puede ser determinante para que en un futuro no muy lejano puede tener más o menos sentido un instrumento obligatorio para las empresas. Lo que hagamos hoy, será el resultado de lo que acontezca mañana porque, no lo olvidemos, formamos parte de un movimiento.
