La colaboración entre los diferentes agentes sociales, públicos y privados, ha demostrado ser una herramienta fundamental en distintas áreas para avanzar hacia una sociedad mejor y más justa. Y es que sabemos que podemos conseguir buenos resultados si trabajamos solos, pero es aunando esfuerzos y compartiendo experiencias y conocimientos como podemos lograr que estos sean excelentes.
Cuando hablamos de la inclusión de personas con discapacidad en el entorno laboral, este extremo se hace todavía más evidente. Según el informe ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’, que elaboramos en Fundación Randstad junto a Randstad Research, en 2022 la tasa de paro de este colectivo se situó en el 21,4%, lo que supone el registro más bajo desde 2014. Y esto fue así gracias a que cada vez somos más conscientes de que en aunar esfuerzos entre las administraciones, las entidades y las empresas está una de las principales claves para mejorar su formación y empleabilidad.
En un primer momento, las administraciones son quienes tienen que poner en marcha políticas públicas destinadas al fomento de la formación y contratación de estas personas. Sin embargo, estas no tendrán el efecto deseado si no se involucra a las entidades sociales y a las empresas. Por un lado, es necesario contar con el saber hacer, la experiencia y el conocimiento de quienes trabajan en su día a día en estas áreas. Entidades como la nuestra, Fundación Randstad, que nació hace 20 años precisamente con este objetivo.
Por otro lado, sin un tejido empresarial comprometido con la igualdad y consciente de los beneficios que reporta contar con una plantilla tan diversa como lo es la sociedad, se hace difícil mejorar las tasas de formación, empleo y actividad. Siendo conscientes de que la Responsabilidad Social Corporativa supone un compromiso voluntario y decidido de una empresa con su entorno, necesitamos que, cada vez más, esta RSC se adhiera a su ADN, que se integre en su cultura corporativa y que impregne cada una de las decisiones que tome la alta dirección, sí, pero también cada trabajador a nivel individual.
En lo que respecta a entidades como Fundación Randstad, tenemos la responsabilidad de desarrollar acciones orientadas a impulsar la inclusión, aumentar la sensibilización en torno a la discapacidad y apoyar al tejido empresarial en el cumplimiento normativo y el desarrollo de estrategias de impacto social. Conformar organizaciones que trabajan en este ámbito con profesionalidad, eficiencia en la gestión y asignación de los recursos y total transparencia en los procesos, proyectos y cuentas.
Tenemos, el doble compromiso de poner en marcha proyectos propios de formación y de informar a esas empresas que, muchas veces por desconocimiento, todavía no son aliadas de la inclusión más allá de cumplir con las tasas que marca la ley. Y es que sin compañías en las que formalizar las contrataciones, nuestro esfuerzo y el de las personas con discapacidad no tendría ningún sentido.
Por su parte, el tejido empresarial, además de alinearse con la verdadera inclusión, tiene en su mano realizar distintas acciones que impulsen la formación del colectivo. Entre estas se encuentran, por ejemplo, convocar becas que cubran los costes económicos de programas de formación.
En definitiva, la experiencia de los últimos años es un indicador de que las empresas, trabajadores, entidades sociales y Administración Pública deben remar en la misma dirección para conseguir que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea una realidad.
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