En mayo de 2021, se aprobó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que otorga amparo legal y promueve el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13: Acción por el clima, con el fin de alcanzar la descarbonización de la economía y la construcción de un mundo más sostenible.
Esta ley responde al compromiso asumido por España para cumplir con el Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante cuyo objetivo es limitar el calentamiento mundial a 1,5 grados centígrados. Para alcanzar esta meta, en España debemos reducir de cara al año 2030 nuestras emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía en, al menos, un 23 % respecto al año 1990. Además, antes de 2050, debemos alcanzar la neutralidad climática y basar nuestro sistema eléctrico exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable.
Una de las claves de la ley, y que supondrá un gran cambio para las empresas en materia de sostenibilidad, es que, muchas de ellas, a partir de este año, estarán obligadas a calcular y registrar la huella de carbono derivada de su actividad y a publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque aún no se conoce exactamente qué empresas van a tener que cumplir con esta obligación, todo apunta a que serán aquellas que se vean afectadas por la Ley 11/ 2018 en materia de información no financiera, es decir, sociedades con más de 250 trabajadores que o bien tengan la consideración de entidades de interés público o bien, durante dos años consecutivos reúnan, a la fecha del cierre de cada uno de ellos, al menos una de las siguientes condiciones:
- Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
- Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.
Las obligaciones establecidas entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, haciendo referencia a la huella del año 2024.
En esta línea, desde TÜV SÜD, como líderes a nivel internacional en el desarrollo e implantación de soluciones de alta calidad, sostenibilidad y seguridad, creemos firmemente en la importancia de priorizar acciones concretas para contribuir a la descarbonización de la economía y a la reducción de las emisiones de C02.
En primer lugar, se hace fundamental impulsar la electrificación del transporte. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este sector representa en España el 25 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, por lo que acabar con los vehículos que actualmente funcionan con gasolina, gas natural y diésel es una prioridad.
Asimismo, resulta esencial cambiar las formas en las que la energía es consumida y producida, así como conseguir desligarnos del petróleo, tanto en uso residencial como industrial. En este sentido, desde TÜV SÜD acompañamos a nuestros clientes en la implantación de medidas de eficiencia energética en sus instalaciones y en la elaboración de planes de ahorro energético.
También es importante concienciarnos y comenzar a hacer un uso cada vez mayor de energías procedentes de fuentes renovables. En nuestro caso, contamos con expertos en abordar la transición del uso de combustibles fósiles a fuentes de energía alternativas basadas en la electricidad verde y en métodos de distribución y transporte más limpios y sostenibles
Por último y, enlazado con lo anterior, cabe destacar que los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón o el gas natural son fácilmente reemplazables por biocombustibles, que proceden de materia orgánica y son capaces de neutralizar el dióxido de carbono que generan durante su combustión.
En este contexto, la Comisión Europea ha publicado el «Plan REPowerEU», que pone de manifiesto la urgencia de transformar el sistema energético europeo: por un lado, poniendo fin a la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles rusos, y, por otro, haciendo frente a la crisis climática. Las medidas de este plan están centradas en el ahorro de energía, la diversificación del suministro de energía y el despliegue acelerado de las energías renovables.
En el caso de España, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuenta con dos instrumentos de planificación para abordar esta transición energética: los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050.
El primero sienta las bases para el proceso de modernización de la economía española hacia una economía descarbonizada, que movilizará unos 236.000 millones de euros entre 2021 y 2030, de los que el 80 % corresponderá a inversión por parte del sector privado.
Por su parte, y partiendo del PNIEC, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 establece la trayectoria de transformación del sistema energético para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Esto implica no solo un sector eléctrico 100 % renovable, sino un sistema energético nacional prácticamente renovable en su totalidad en el uso final de la energía.
Ambos instrumentos han de ser coherentes entre sí, ya que no hay otra forma de asegurar, de manera fiable, inclusiva, transparente y predecible, el logro de los objetivos y metas para el año 2030 y para el largo plazo.
En definitiva, hasta ahora registrar la huella de carbono era una decisión voluntaria para las empresas, pero, a partir de este año, muchas de ellas, incluidas PYMES, estarán obligadas a poner en marcha medidas que reduzcan sus emisiones de CO2 y contribuir, así, a que España cumpla con sus objetivos en materia de lucha contra el cambio climático, lo cual es fundamental para mejorar nuestro futuro como sociedad y generar nuevas oportunidades.
Esta tribuna forma parte del Dosier Corresponsables: Día Mundial del Clima
