Más de 4 millones de personas en España tiene algún tipo de discapacidad. En el 18% de los hogares de nuestro país hay alguna persona de este colectivo. Un segmento de población muy importante que se enfrenta todavía a numerosas dificultades; entre ellas, el acceso a un puesto de trabajo digno y estable.
El empleo es probablemente la mayor fuente de autonomía para las personas. Contar con un trabajo nos permite conformar -o recuperar- nuestros proyectos de vida, incrementar nuestra autoestima, relacionarnos con otras personas y, en definitiva, ser más felices.
Quedan muchos pasos por dar para el acceso al empleo de las personas con discapacidad. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro de este colectivo se sitúa en el 22,5%, ocho puntos por encima de la media de la población general y, lo peor, se ha incrementado en el último ejercicio analizado.
Para revertir esta situación, la Ley General de Discapacidad prevé la obligación de que las empresas con más de 50 trabajadores tengan al menos un 2% de personas con discapacidad en plantilla. Para las empresas convencionales, cumplir ese precepto legal puede ser complejo. Por eso, la norma incorpora también las medidas alternativas; es decir, la posibilidad de que las empresas puedan cumplir su obligación legal a través de la contratación de servicios o suministros con centros especiales de empleo.
Estas medidas alternativas cumplen una función importante, ya que los centros especiales de empleo reúnen una serie de requisitos que facilitan la inclusión laboral de personas con discapacidad, como son contar con unidades de apoyo, disponer de análisis pormenorizados de los puestos de trabajo y facilitar medidas de flexibilidad y conciliación.
Además, los centros especiales de empleo son empresas comprometidas con la excelencia, que prestan servicios de calidad en el mercado y lo hacen de forma sostenible y autosuficiente. Un buen número de ellos son además empresas de iniciativa social, es decir, organizaciones empresariales sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se reinvierten en el crecimiento del negocio para seguir creando empleo.
Como pueden ver, los centros especiales de empleo de iniciativa social son una de las figuras más interesantes de la economía social, con un gran potencial de crecimiento y con un papel muy importante que desempeñar a la hora de incrementar la empleabilidad de las personas con discapacidad, y de hacerlo además en posiciones cada vez más cualificadas.
Al igual que cualquier otra empresa, los centros especiales de empleo de iniciativa social necesitan ganar tamaño para ser competitivas en el mercado. Para fomentarlo, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 prevé figuras que incentivan la contratación pública estratégica con estas compañías sin ánimo de lucro.
La norma prevé como objetivo que un 10% de los contratos públicos relacionados con las actividades en las que ejercen sus funciones los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción estén reservados para estas empresas.
Su grado de cumplimiento, sin embargo, está siendo lento y se encuentra muy por debajo de lo deseado, tal y como ha constatado recientemente la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) en su informe especial de supervisión referido a la contratación pública estratégica.
La complejidad de la propia norma; la imposibilidad de reservar contratos de servicios ya existentes, o el insuficiente tamaño de muchos centros especiales de empleo de iniciativa social, que les dificulta acudir en solitario a licitaciones públicas, son algunas de las causas de este escaso grado de cumplimiento.
Pero creemos que hay grandes oportunidades de mejora. Existen fórmulas para que la contratación pública estratégica fomente la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de la colaboración de empresas de iniciativa social con empresas ‘convencionales’. Hablamos, por ejemplo, de subcontratación de determinados servicios a favor de un CEEIS en el marco de un contrato, de condiciones especiales de ejecución, de inclusión de cláusulas sociales, etc.
Estoy convencido de que, con el compromiso empresarial y el apoyo de la contratación pública estratégica, los centros especiales de empleo de iniciativa social están hoy en condiciones de dar un salto de crecimiento que incremente la empleabilidad de las personas con discapacidad, un colectivo cuyo talento puede contribuir a construir una sociedad más justa, más equitativa, más diversa y más igualitaria.
Esta tribuna forma parte del Dosier Corresponsables: Expo+Accesible 2023.
