Ruggie afirmaba que, mientras los Principios Rectores establecen el estándar global de respeto a los derechos humanos en las operaciones y relaciones comerciales empresariales, los ODS son un plan de acción para lograr la sostenibilidad social y ambiental a nivel global y, lógicamente y en la práctica, los dos deben estar inextricablemente vinculados.
También mencionaba que una gran mayoría de compañías recientemente encuestadas indicaban que no se estaban planteando contribuir a todos y cada uno de los 17 SDGs, sino que “seleccionarían” algunos de ellos en base a estudios de materialidad o, simplemente, tomando en cuenta los riesgos y oportunidades de negocio. Sin embargo, como muy bien argumenta John Ruggie en el ámbito de empresa y derechos humanos, no debemos gestionar aquello que es importante para la empresa sino los impactos negativos que las actividades empresariales y sus relaciones comerciales puedan tener sobre las personas. Así, una estrategia activa en el ámbito de los ODS no puede substituir el gestionar los impactos en los derechos humanos. El profesor de Harvard argumenta que esta es la diferencia fundamental entre los derechos humanos y el cambio climático: en los derechos humanos no hay equivalente a comprar compensaciones de carbono porque no pueden haber excusas para no prevenir, mitigar o reparar posibles impactos negativos.
En paralelo al debate en torno a los ODS, el tema del IV Foro ha sido “La importancia del liderazgo y de la capacidad de influencia: Incorporar los derechos humanos a las reglas y relaciones que impulsan la economía global “. Así, en las diferentes sesiones los debates han girado alrededor de cuestiones tan diversas como el papel de las políticas públicas y los planes nacionales; los desafíos y avances conseguidos por las empresas tanto en sus políticas como en sus prácticas; los mecanismos para incrementar la rendición de cuentas y el acceso a la reparación por parte de las víctimas de abusos; la integración de los Principios Rectores en las estructuras globales de gobernanza; y las buenas prácticas para el trabajo con los grupos de interés.
Aproximadamente 2.500 personas -representantes de gobiernos, de empresas y del tercer sector de todos los continentes- participaron activamente en las sesiones. Esta amplia representatividad muestra la clara apuesta de los actores implicados -gobiernos, empresas y sociedad civil- por el marco de los Principios Rectores y su participación activa en los debates no deja dudas en cuanto a la voluntad de la mayoría de ellos de seguir avanzando en su implementación efectiva a pesar de la propuesta existente actualmente sobre la mesa de elaboración de un instrumento vinculante bajo la forma de una convención de las Naciones Unidas.
Los debates analizaron la situación actual de los derechos humanos en el sector extractivo, en la agroindustria, y las cadenas de suministro mundiales. También fueron relevantes las reflexiones en torno al empleo, los derechos laborales y las nuevas formas de esclavitud. Los debates también se centraron en temas clave de los Principios Rectores tales como el acceso de las víctimas a la reparación judicial y no judicial, la situación de los defensores de derechos humanos que denuncian los abusos relacionados con las actividades empresariales y los impactos sobre los pueblos indígenas.
El Foro abordó también un abanico de opciones judiciales y no judiciales de reparación, tanto a nivel nacional como a nivel regional y transnacional. En la práctica, todos los tipos de mecanismos han mostrado fortalezas y debilidades Los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la reparación, son numerosos y a nivel global ya se han documentado extensivamente: falta de recursos materiales, falta de acceso a conocimiento técnico y a abogados apropiados que igualen las capacidades de las empresas, especialmente cuando se trata de empresas globales; falta de acceso a pruebas; temor a represalias y/o amenazas a la integridad física propia o de familiares y testigos; estigmatización en el trabajo; violación de la integridad física; falta de independencia de los órganos de justicia; dificultades para acceder a los diversos mecanismos locales e internacionales porque no se conocen bien sus procedimientos o porque acceder a ellos puede ser costoso; y desconocimiento en materia de derechos humanos por parte de las víctimas. Algunos participantes expresaron que dichos mecanismos no pueden funcionar adecuadamente por la asimetría de poder que existe entre las víctimas y las empresas. También se reportó que los mecanismos de quejas no judiciales, por ejemplo a nivel de una empresa, tienen el potencial de nutrir procesos de cambio cultural corporativo alineados con los Principios Rectores.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
- La aprobación de los Principios Rectores ha conllevado una creciente e irreversible integración de este tema por parte de las empresas. Los avances son significativos pero queda todavía pendiente una mayor inversión en recursos humanos y financieros para consolidar las buenas prácticas y escalarlas al conjunto de las operaciones globales de las grandes corporaciones.
- Son habitualmente las empresas que han sufrido algún tipo de controversia, conflicto legal o reputacional importante las más avanzadas en la gestión de sus impactos en los derechos humanos. Para algunas empresas, este tema se ha convertido en un tema prioritario alrededor del cual gira su relación con los grupos de interés, especialmente en países de alto riesgo en derechos humanos.
- Otro de los focos de interés del foro de este año fue la cadena de suministro con sus propios desafíos en cualquiera de los sectores.
- Prosigue el décalage entre las empresas globales y las PYMES a la hora de integrar los Principios Rectores y otras herramientas afines. Por su parte, las empresas públicas están muy alejadas de esta cuestión a excepción, por ejemplo, de las pertenecientes a los países escandinavos.
- Aumenta la presión de las organizaciones de la sociedad civil tanto hacia los gobiernos como hacia el sector empresarial. Estas se focalizan, de manera prioritaria, en determinados sectores como la agroindustria, el sector extractivo o el textil. Por su parte, la presión a los gobiernos se focaliza en la compra pública responsable y en el rol de las agencias de crédito a la exportación en la promoción de prácticas responsables por parte de las empresas cuando actúan en el exterior.
- Las ONG son cada vez más activas a la hora de elaborar guías y documentos de apoyo dirigidos a posibles víctimas de abusos.
- Paulatinamente, surgen iniciativas y marcos de referencia que permiten concretar de manera más precisa la correcta implementación de los Principios Rectores. Crecerá en el medio plazo las demandas de transparencia y de rendición de cuentas respecto de los Principios Rectores.
- Continúan las denuncias y quejas por la falta de compromiso de las empresas y de los gobiernos en relación al tema indígena. Se presentaron casos en los que no se ha dialogado suficientemente con las comunidades potencialmente afectadas o no se ha respetado la normatividad internacional con respecto al principio del consentimiento previo, libre e informado aplicable a los pueblos indígenas.
- Continúa a nivel global la impunidad generalizada frente a casos de violaciones de los derechos humanos de defensores que han sido amenazados o asesinados.
Muchos participantes, tanto de la sociedad civil como del empresariado, mencionaron la corrupción como un problema especialmente grave y potencialmente relacionado con los patrones de abusos de los derechos humanos.
- La proliferación de Planes Nacionales sobre empresa y derechos humanos se consolida con el anuncio de varios países de trabajar en esta línea.
- La elaboración de un tratado vinculante dirigido a las empresas prosigue su curso y se ve como una herramienta complementaria a los Principios Rectores.
