¿Cómo recuperar la confianza entre el sector privado y el Estado, para construir juntos condiciones reales de desarrollo para todos los peruanos? Esa fue la interrogante que abordó CADE Ejecutivos 2023 en la sesión “Compromisos público-privado para construir desarrollo”, en la que se evidenció la importancia de los espacios de diálogo entre el sector privado y el Estado para impulsar iniciativas, leyes y normas a favor del progreso y bienestar ciudadano.
Asimismo, se dio a conocer las iniciativas y acciones en marcha, del sector privado y el Estado, para recuperar la confianza y afrontar la coyuntura de estancamiento y eventuales acontecimientos (Fenómeno del Niño, conflictividad social en regiones). También se definieron compromisos de acción concretos entre sector privado y el Estado para reactivar los motores de crecimiento y empleo y generar condiciones de desarrollo para los peruanos de todas las regiones.
Esta sesión tuvo como expositores a Álvaro Correa, Segundo Vice-Presidente de la CONFIEP; y a Alberto Otárola, Presidente del Consejo de Ministros.
“Desde el Poder Ejecutivo reafirmamos, en esta CADE, que vamos a apostar con toda la fuerza que nos da el encargo de gobernar por la inversión privada, que es el verdadero motor que generará el desarrollo para el país”, indicó el premier Otárola.
Asimismo, indicó que el gobierno pondrá el foco en destrabar los proyectos de inversión, para lo cual se han tomado acciones a fin de reducir trámites para la ejecución de inversiones y agilizar los procesos para la obtención de permisos y autorizaciones (Decreto Legislativo N° 1559).
Por su parte, Alvaro Correa destacó la importancia de que el Gobierno Central ponga el foco en la regulación laboral y agraria para recuperar el crecimiento económico del país; así como también en el trabajo coordinado entre el sector privado (gremios) y autoridades del Poder Ejecutivo y entre autoridades regionales y el gobierno central. Consideró que se necesita una presencia fuerte del Estado en la lucha contra la inseguridad ciudadana (delitos comunes y organizaciones criminales), la informalidad (laboral y tributaria) y no en la actividad productiva para permitir el desarrollo económico. Por último, resaltó el sentido de urgencia que requiere la situación actual del Perú.
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