Una empresa logra ser socialmente responsable cuando ella, identificando a cada uno de sus grupos de interés, determina y ejecuta las labores que debe desarrollar, para que dichos grupos de interés sean impactados de manera positiva con cada una de las acciones y decisiones efectuadas por la empresa. Dentro de este escenario, el Derecho, aterrizado en el marco normativo aplicable en nuestro país, se presenta inicialmente como una especie de ‘línea de base’ que permite orientar a una empresa a desarrollarse como una entidad socialmente responsable.
En efecto, en la actualidad, cada uno de los grupos de interés (accionistas, colaboradores, proveedores, clientes, comunidad, estado y medio ambiente) encuentra en alguna norma peruana, exigencias mínimas que permiten visualizar un punto de partida homogéneo para el desarrollo de negocios de manera sostenible. Así pues, no es extraño encontrar normas que, por ejemplo, promuevan la formación de cooperativas (uno de los principales exponentes de la economía social), en busca de lograr una justa relación entre proveedores y empresa; que hayan contribuido a la dación del Código del Consumidor, con el afán de orientar a la empresa en la atención de sus clientes, o que se observe una renovada legislación relativa a la seguridad y salud de los trabajadores, permitiendo con ello reforzar en la empresa el hecho de conceder condiciones apropiadas a sus colaboradores.
Ahora bien, es importante advertir de que en nuestro país se viene presentando una excelente coyuntura y es que el legislador parece haber entendido que una vez establecida la denominada ‘línea de base’ no puede exigirle a una empresa continuar en el camino destinado a ser una entidad socialmente responsable, sino tan solo incentivarla a ello. Ejemplo claro de esto es la norma de Inversión Pública por Impuestos (también conocida como Obras por Impuestos), ley que premia a las empresas que deciden desarrollar un Proyecto de Inversión Pública, a través de un convenio con un Gobierno Regional o Local, en favor de la comunidad, permitiéndole descontar el 100% del valor de la inversión pública de su Impuesto a la Renta.
En TYTL Abogados hemos entendido estas tendencias, y es por ello que, reconociendo que el abogado juega un rol determinante en este tipo de aspectos, no hemos dudado relievar y priorizar cada una de las herramientas legales que permiten no solo cumplir con la línea de base referida, sino lograr alcanzar excelentes oportunidades. Así, por ejemplo, se resalta la realización de auditorías en temas laborales, de protección al consumidor, ambientales, asesoría en la implementación de inversión pública por impuestos o en la ejecución de inversiones público-privadas, la promoción de fondos concursables, el desarrollo de emprendimientos y mecanismos asociativos, la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo, entre otros.
Con seguridad podemos afirmar que el marco normativo, ha dejado de ser en el Perú solo una línea de base para jugar un rol protagónico incentivando el comportamiento socialmente responsable. Sin embargo, también es importante advertir de la necesidad de seguir desarrollando normas que vayan de la mano con este objetivo, pudiendo para ello observar el desarrollo legislativo en otros países.
Es, tanto en la adecuada aplicación de la normatividad existente como en la elaboración de nuevos instrumentos legales, donde el abogado es llamado a participar de manera activa aportando su conocimiento jurídico y velando por que los instrumentos sean utilizados de manera adecuada sin distorsionar su objetivo.
