Mayores oportunidades de inversión. Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas cuentan con S/ 34 646 millones para ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).
El monto corresponde a los topes máximos de capacidad anual de las entidades públicas para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (CIPRL) que permiten ejecutar proyectos e inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y comprende los recursos distribuidos por canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones; recursos ordinarios del gasto presupuestal y el Fondo de Compensación Regional (FONCOR).
Del monto, los Gobiernos Regionales cuentan con un tope de S/ 16 127 millones, los Gobiernos Locales S/ 16 745 millones y las Universidades Públicas S/ 1 775 millones que podrían ser destinados a proyectos e intervenciones de alto impacto contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos de manera descentralizada.
A nivel de regiones, las entidades públicas de Cusco (gobierno regional, gobiernos locales y universidades públicas) cuentan con un tope máximo de S/ 6 563 millones para ejecutar proyectos mediante Obras por Impuestos, con lo cual encabezan la lista regional,
También se destaca Áncash con S/ 3 784 millones y Arequipa con S/ 3 286 millones; mientras, en cuarta posición se ubica las entidades públicas de Ica con S/ 1 944 millones, y en quinta ubicación Tacna con S/ 1 839 millones.
A la fecha, las entidades públicas han adjudicado 18 proyectos e inversiones mediante Obras por Impuestos por S/ 293 millones.
Se debe considerar que Obras por Impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública, que permite contar con proyectos de calidad (ejecutados rápidamente) con participación de la empresa privada.
PROINVERSIÓN, como entidad técnica del Estado, brinda asesoría y asistencia técnica gratuita a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas, y los articula con las empresas privadas interesadas en financiar estos proyectos.
