Más de ocho mil seiscientas hectáreas de bosque tropical han desaparecido entre 2017 y 2023 debido a las prácticas agrícolas y ganaderas intensivas de comunidades menonitas en la Amazonía peruana, según un reciente informe de la Coalición por una Producción Sostenible.
El caso refleja una emergencia que puede descontrolarse, como ya ocurrió en Bolivia. La falta de fiscalización permitió que se perdieran más de 210 mil hectáreas de bosque en el país vecino, lo que sirve como advertencia para evitar un escenario similar en Perú.
«La Amazonía enfrenta una crisis sin precedentes. Pero la solución es posible si tomamos medidas inmediatas para equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental. La transición a cadenas productivas libres de deforestación es una necesidad para garantizar la sostenibilidad ambiental y económica del país.» afirmó Fabiola Martha Muñoz Dodero, líder de la Coalición por una Producción Sostenible.
El estudio detalla que las comunidades menonitas, principalmente en Loreto y Ucayali, han adoptado modelos intensivos de producción, como el cultivo de soya y ganadería a gran escala, que requiere deforestar extensas áreas de terreno. Esta situación se agrava por la construcción de carreteras no planificadas, facilitando actividades ilegales de tala y minería.
Aunque existen casos de coexistencia pacífica entre comunidades menonitas y agricultores, la mínima o nula fiscalización ha permitido que estas prácticas pasen desapercibidas. Esto enfatiza la urgencia de implementar medidas contundentes antes de que la situación se deteriore al nivel observado en otros países como México y Bolivia.
«Este tipo de impactos no solo afecta a la biodiversidad, sino que compromete servicios esenciales como la regulación climática y la captura de carbono, fundamentales para enfrentar el cambio climático. Por ese motivo, promovemos alianzas entre actores públicos, privados y la sociedad civil para un desarrollo sostenible» explicó Kirla Echegaray Alfaro, vocera de la organización, especialista en políticas ambientales y co-autora del estudio.
Falta de fiscalización: una puerta abierta para el descontrol
Aunque existen casos de coexistencia pacífica entre comunidades menonitas y agricultores, la mínima o nula fiscalización ha permitido que estas prácticas pasen desapercibidas. Esto enfatiza la urgencia de implementar medidas contundentes antes de que la situación se deteriore al nivel observado en otros países como México y Bolivia.
«Este tipo de impactos no solo afecta a la biodiversidad, sino que compromete servicios esenciales como la regulación climática y la captura de carbono, fundamentales para enfrentar el cambio climático. Por ese motivo, promovemos alianzas entre actores públicos, privados y la sociedad civil para un desarrollo sostenible» explicó Kirla Echegaray Alfaro, vocera de la organización, especialista en políticas ambientales y co-autora del estudio.
Acciones integrales para una solución sostenibles
En sus más de 20 recomendaciones, resultado de un estudio exhaustivo que involucra a diversos actores, la Coalición por una Producción Sostenible plantea soluciones integrales para detener la deforestación. Estas incluyen:
Fortalecer la fiscalización: Regular estrictamente el cambio de uso de suelo en tierras de aptitud forestal. Supervisar actividades agrícolas: Establecer sistemas de monitoreo constantes para prevenir la expansión ilegal de cultivos y actividades ganaderas. Fomentar prácticas regenerativas: Promover una agricultura que conserve recursos naturales y mantenga la productividad a largo plazo. Prácticas Sostenibles: El informe destaca también ejemplos de prácticas sostenibles en comunidades menonitas de países como México, que podrían replicarse en Perú para mitigar el impacto ambiental y garantizar un desarrollo sostenible en la Amazonía peruana.
En ese sentido, la Coalición llama a la acción conjunta entre gobiernos, sociedad civil, comunidades indígenas y actores privados para proteger los bosques amazónicos y garantizar el bienestar de las generaciones futuras. Además, trabaja activamente para promover el fortalecimiento de cadenas de valor sostenibles que aseguren beneficios equitativos para todos los actores, incluidas las comunidades locales.
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