Cuéntenos sobre su participación en este Congreso Internacional donde debatirá sobre el impacto social de las empresas extractivas en el país.
De lo que se trata es de tender puentes entre las comunidades y las empresas extractivas porque lo que vemos es un impacto de la minería diferenciado o heterogéneo en distintos territorios. Por otro lado, existe un ambiente de conflictividad que afecta el desarrollo de los proyectos mineros. Es bastante importante una visión más comunicadora por parte de las empresas y más receptiva por parte de las comunidades.
En el Perú existe una gran desconfianza de todos los actores alrededor de las inversiones mineras. En las zonas de influencia no hay presencia del Estado ni servicios básicos, por ello existe cierta animadversión. Entonces el tema gira en torno a generar confianza entre todos los actores, lograr una solución cooperativa donde todos ganen.
Con ello la empresa obtendría beneficios, la comunidad desarrollaría capacidades y aseguraría su sostenibilidad de sus actividades tradicionales en el largo plazo. Agregarle valor a la agricultura, a la ganadería y a la minería artesanal, que se pudo haber desarrollado en la zona por muchos años. Además, podría sumarse a la cadena de suministros minera y no ver pasar los beneficios delante suyo.
¿Qué mecanismo se podría utilizar para mejorar las relaciones con las comunidades?
Un mecanismo a explorar podría ser las Mesas Ejecutivas, que utiliza el Ministerio de la Producción, que giran alrededor de una problemática específica y van viendo los problemas que van surgiendo para solucionarlos en la práctica. De la misma manera podría establecerse un espacio de diálogo con resultados concretos en el sector minero. Dialogar por dialogar no tiene mucho sentido, si es mejor reunir a los diferentes actores involucrados para ir eliminando miedos y obstáculos juntos.
Asimismo, es necesario hacer un seguimiento a los acuerdos establecidos. Este es uno de los puntos que planteo y las investigaciones de la Universidad Pacífico lo respaldan. Cuando surge un problema o la empresa quiere llevarse bien con la comunidad se firma un acuerdo y como siempre pasa al inicio todo va bien se toman la foto y cada uno vuelve a su casa feliz.
Pero el tema no terminó ahí, sino recién empieza. Entonces tener estas mesas de diálogo es muy importante porque previene conflictos. Estas deben incluir indicadores y monitoreo e ir informando a todas las partes periódicamente.
¿Actualmente eso no viene dando en la práctica?
No se da y esto es responsabilidad compartida. De la comunidad que no hace un seguimiento y luego surge un imprevisto o incumplimiento y empiezan los problemas, o de la empresa que no hace el monitoreo respectivo. Y aquí el principal llamado es al Estado, que es el socio de la empresa minera, porque recibe el impuesto a la renta y debe ser un ente que debe facilitar las relaciones entre las poblaciones y las empresas.
Podría tercerizar este servicio de monitoreo a las universidades o instituciones superiores para que de forma permanente muestren resultados de los avances. Sería una metodología importante que podría evitar grandes pérdidas. Es preferible gastar 10 ahora que luego tener un evento que me hace perder como 1000, acá hay una cuestión costo – beneficio que se debería tener muy presente.
¿Esta sería una de las principales tareas que tendría este nuevo gobierno?
Creo que sí, el ministro de Energía y Minas no tiene que ser un especialista netamente del tema minero, pero sí ver el enfoque económico y la conflictividad para atacar esto.
Hace poco salió un informe que señala que el 70% de los conflictos sociales mineros no se deben en oposición a la minería sino a otros factores….
Efectivamente, los conflictos son por acceso a los beneficios y cómo es que se generan estos. En la Universidad del Pacífico también hemos realizado un estudio e identificado que el canon bien administrado puede ser una bendición, sino genera conflictividad e inestabilidad política a nivel local. Tenemos distintos partidos que pugnan por llegar al poder, entra un alcalde y lo revocan. Eso genera ingobernabilidad porque a lo largo de 4 años se tienen varios alcaldes y existe un limbo que evita la continuidad en las acciones de los gobiernos locales, perjudicando a las comunidades.
La Defensoría del Pueblo dice que las poblaciones sienten miedo de que se afecten sus condiciones de vida. Miedo a que se mueran sus animales, a que sus cultivos no crezcan y a quedarse sin sustento, y una serie de miedos que les meten como el tema de contaminación del ambiente porque afecta la salud de los niños, etc.
El tema de los pasivos ambientales de alguna manera también afecta la imagen del sector minero…
Creo que hay una nueva minería que carga el pasivo de la antigua, hay que ser muy cuidadoso para romper ese paradigma porque claro hay ejemplos malos como la minería en la sierra central, Doe Run ahora, todo lo que manejó Centromin Perú y Minero Perú, que fueron las minas que tienen pasivos ambientales muy fuertes.
También la experiencia de Ilo que no fue muy buena. Todo ello genera resistencias de la población de entrada y un miedo justificado, pero hay que brindar información. Los miedos se rompen comunicando e informando, señalar que se viene utilizando tecnología moderna de nivel mundial y no habrá problemas.
También hay que ser bastante transparentes porque cuando en una actividad como la minería siempre está presente la posibilidad de un accidente, entonces se debe informar ello. Puede ser que pase algo inesperado, por ello debe informarse para que se cuenta con los medios suficientes para contrarrestar eso.
Uno de los temas que frustra al sector minero es la poca capacidad de gasto de las regiones, los gobiernos locales, ¿cómo solucionar ese problema?
Diría que el problema más que los gobiernos regionales, es la poca capacidad de los gobiernos locales para evaluar la calidad o formular nuevos proyectos. Claro, se le echa la culpa al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), pero lo que uno ve es que a veces el evaluador del sistema no tiene la capacidad, y esto lo sé porque venimos haciendo desarrollo de capacidades a través de las municipalidades.
Llega un consultor pirata para hacer un determinado proyecto y le vende la idea al gobierno local, pero después resulta que este estudio tiene fallas garrafales como la falta de un trámite previo que no se hizo o un certificado que no se incluyó, o fallas estructurales de diseño. Hay muchos proyectos aprobados pero el tema pasa por la calidad, yo no creo que el SNIP ponga muchas trabas porque tiene cierta lógica, el problema es que los operadores no tienen capacidad. Y ahí falta entonces asistencia técnica.
Yo no soy partidario de entregar diplomas de capacitación. Por ejemplo, hay gente de Lima que va a las distintas regiones y durante 20 horas les brinda un curso sobre el SNIP, pero no funciona. Está probado que una persona luego de 1 hora y media de clase ya no atiende. El enfoque debe cambiar articulando esfuerzos de las empresas mineras, el Estado y los organismos de cooperación internacional para dar asistencia técnica a los gobiernos locales con trabajos prácticos.
¿Hacen faltan oficinas de asistencia técnica como la que creó la compañía minera Hudbay Perú para apoyar al gobierno local de Chumbivilcas?
Es el mismo que enfoque estamos desarrollando nosotros para una empresa de energía en Ayacucho. La idea es tener un canal abierto donde el funcionario que tenga alguna duda rápidamente la pueda resolver. En la siguiente ocasión el funcionario sabrá lo que debe hacer.
¿Esta iniciativa de dónde debe partir, del Estado o las empresas?
Tiene que ser un esfuerzo conjunto. El Estado debe ser el líder y articular los esfuerzos de las empresas y de la cooperación internacional. Hoy en día lo que vemos es que hay poca coordinación entre ellos y están diversos. Es importante identificar cuáles son las demandas por asistencia técnica de los gobiernos locales, y no hablo de capacitación.
El enfoque del profesor que va de la capital al departamento a enseñar no camina, la gente va porque le dan un certificado de una universidad, de un centro de investigación o de algún ministerio. Con ello tienen más calificaciones, pero aquí hablamos de cantidad, pero no de calidad.
Creo que la calidad está en la asistencia técnica y se mire el resultado por el gasto de capital realizado y no solo por la ejecución. En el Perú hay una obsesión por el famoso ‘ratio de ejecución’, pero no nos hemos puesto a pensar en la calidad del gasto. Ese es un tema importantísimo. No existe una evaluación de toda la inversión social de las empresas privadas e inversión pública del Estado para conocer si ha mejorado la calidad de vida de la gente. Estamos gastando un montón de dinero, como no se gastó en los últimos 50 años, pero nadie sabe cómo ha impactado en la población.
Por ejemplo, una queja que uno siempre escucha de parte del Estado es que tienen planificado construir escuelas, pero viene una empresa minera y levanta una escuela porque una comunidad se lo pide y para mantenerlos tranquilos accede al pedido, cuando no se necesita dicha infraestructura en ese lugar.
¿Para qué construir tantas escuelas? ¿Al final quién paga a los profesores, el mantenimiento, la limpieza? Todo ello es gasto corriente que genera presión sobre el gobierno nacional. Y, claro, después qué hace el ministerio de Economía cuando tenga que dar el dinero y la población le diga tenemos un nuevo colegio, una nueva posta, pero no tenemos profesores, ni doctores, ni enfermeras. Entonces creo que es importante una mayor articulación de los esfuerzos con las verdaderas necesidades de la población.
